De producirse un default de las Isapres es esperable una desvalorización de los títulos accionarios relacionados con el área de la medicina, lo que podría generar entre otros efectos, un menoscabo para los ahorrantes previsionales.

Como en oportunidades anteriores, la quiebra de una institución de salud previsional implicará la inmediata intervención del Estado que, a través de la Superintendencia de Salud, procederá a la liquidación de las garantías bancarias correspondientes. Si este proceso de reintegro de fondos es masivo, la estabilidad del sistema financiero se verá amenazada.

Finalmente, el principal afectado en esta debacle será el Gobierno, que estará obligado a intervenir a las aseguradoras declaradas en quiebra y, por otra parte, tendrá que hacerse cargo de la administración previsional de salud de los afiliados a las isapres que, por sus prexistencias médicas, se verán forzados a dejar el sistema.

Para mitigar los graves efectos que provocaría una suspensión abrupta en las coberturas médicas de las isapres, el Ejecutivo está dispuesto a contravenir sus principios, internándose en un complejo laberinto en donde puede extraviar la salida con facilidad.

Efectivamente, esta administración envió a trámite una temeraria Ley Corta de Isapres que apunta a dos objetivos. Por un lado, intentará hacerse cargo de los cotizantes del seguro privado que quedarán sin su previsión habitual. Por el otro, convertirá al fallo judicial que declaró ilegal los criterios de tarificación utilizados por las Isapres; en un título de cobro extensivo a todos los cotizantes del sistema. Esta última acción es en la práctica, una condena a muerte a la mayor parte de los operadores de la industria.

Si el Gobierno fructifica con su iniciativa legal, le esperan días difíciles. Deberá trabajar en frentes paralelos. Tendrá que definir a los equipos interventores de las isapres en liquidación, y se verá obligado a diseñar otra cápsula previsional de salud destinada a solucionar el problema de los cotizantes cautivos que quedarán a la deriva.

A estos ex afiliados del Sistema Isapre, el Fonasa les ofrecerá una nueva modalidad de atención pública que otorgará una cobertura médica adicional a cambio de una mayor cotización.

En otras palabras, la Ley Corta de Isapres se contrapone con dos de los pilares del programa de este Gobierno. En primer término, la instauración de la modalidad de cobertura adicional (MCA), rompería por primera vez con el régimen estatal de reparto en salud. De igual modo, cuando el seguro público entrega mejores beneficios médicos a un sector de la población, contradice la promesa de un Estado que velaría por dar un tratamiento transversal a los derechos fundamentales.

Pero el problema no termina con esta antítesis ideológica.

Para poner en funcionamiento la modalidad de cobertura reforzada, el Fonasa deberá correr en contra del tiempo. Necesitará conformar equipos de trabajo y requerirá financiamiento fresco. Como primera prioridad, tendrá que habilitar a un administrador capaz de intermediar entre sus afiliados premium y una red cerrada de prestadores privados de salud, ambas entidades aún por definir. Los operadores financieros y los prestadores médicos que se integren a esta modalidad serán seleccionados por el Fonasa, y no por los beneficiarios. Con probabilidad, no tendrán fines de lucro, ni relación con los grupos económicos propietarios de las isapres en quiebra.

Si esto suena dificultoso, poco práctico y lento de implementar; el mayor problema de la Modalidad de Cobertura Adicional es que su instauración es la enésima repetición de una fórmula que, es quizás, la principal causante de la ineficiencia de nuestro sistema previsional de salud.

Al igual que el seguro público de salud, su similar privado está obligado a servir un ordenamiento compuesto por una infinidad de modalidades de atención médica que, en definitiva, corresponden a distintas formas de financiar lo mismo. Es decir, prestaciones de salud. Como cada uno de estos formatos de atención se rige por normativas particulares, requieren una administración individual.
El que un plan de salud -estatal o privado/con o sin fines de lucro- permita que la misma prestación médica pueda ser financiada de distintas formas, es un contrasentido a la lógica de cualquier seguro social.

Todo seguro médico que está obligado a financiar el mismo beneficio bajo diferentes formatos; debe burocratizar sus procesos internos, adaptándolos a la necesidad de determinar previamente la modalidad que financiará el diagnóstico y el tratamiento de cada enfermedad. Este preámbulo retarda el acceso a la salud, multiplica los costos en administración y demora los reembolsos. Asimismo, la existencia de diferentes modalidades de atención -muchas veces no excluyentes entre sí- provoca que se incremente el gasto en salud. Todo lo anterior -un compendio de cómo funciona nuestro sistema previsional de salud- se traduce en un permanente reajuste en el valor de las primas y, en un continuo aumento del gasto de bolsillo.

La judicialización que afecta al Sistema Isapre no es un problema que se circunscriba a las administradoras y a sus afiliados como predica el oficialismo. La inédita intervención del poder judicial en políticas de seguridad social es consecuencia de una conjunción de factores que desestabilizaron financieramente al sistema previsional de salud en su conjunto. Estos agentes finalmente confluyeron en un administrador que gasta más de lo que recibe en cotizaciones. Este desbalance necesariamente debe compensarse reajustando las primas.

Con los slogans: “no al perdonazo a las Isapres” y “fortalezcamos al seguro público”, el ejecutivo pretende aprobar una Ley Corta que decretará la quiebra técnica de los actuales operadores de la industria aseguradora privada de salud. Esto, simplemente porque la deuda en cotizaciones superará al monto de las garantías obligatorias, situación que obliga a una inmediata intervención estatal.

Sin embargo, lo más preocupante es que la Ley Corta de Isapres trasluce a un gobierno confundido, sin conciencia de lo que aquí se está jugando, y lo que es peor, sin un diagnóstico de la enfermedad que aflige al sistema previsional de salud; por lo tanto, sus acciones terminan siendo como “palos de ciego”.

En este sentido, se encuentra empecinado en que la ejecución del fallo en contra de un grupo de administradoras es un acto de justicia equivalente a la reforma estructural que el ordenamiento sanitario privado implora desde su creación.

Es así como, en la imposibilidad de aplicar su agenda, esta administración apuesta por retirar las cartas que no le gustan de un castillo de naipes que no comprende cómo se equilibra, pero que, “por el bien de la gente” no quiere que se desplome.

Ahora bien, cabría preguntarse si es posible ir en contra de las isapres y no terminar dañando a las personas; como también sería necesario valorar la conveniencia que tiene para el país y para el propio Gobierno, realizar este ejercicio de justicia que podría ocasionar la destrucción inmediata de varias instituciones previsionales, generándose un tsunami que provocará un daño sanitario, económico y político de dimensiones incalculables.

Es factible que la tormenta haga desaparecer a una parte importante de los actores del mercado asegurador, pero la esencia del actual ordenamiento previsional privado de salud, con sus inequidades y serios defectos de diseño, se mantendrá incólume.

Las isapres sobrevivientes y, las nuevas por venir; se verán fortalecidas por la ayuda indirecta del Seguro Público que, de aprobarse la Ley Corta, se transformará en el administrador previsional de salud de un segmento de la población que posee recursos, que es riesgoso desde el punto de vista sanitario, y que nunca le significó un gasto al Estado.