¿No debería ser el Estado quien como empleador diera el ejemplo de buenas prácticas que permitan conciliar vida laboral con familiar? ¿O tienen acaso estos niños, niñas y adolescentes menos derechos?. Sorprende que esto aún no sea tema para algunos, mientras que para padres, madres y/o cuidadores de menores comenzó una incierta y angustiante cuenta regresiva.

No nos podemos olvidar que el protector primordial de los niños, niñas y adolescentes, antes que el Estado, es la familia y por tanto, este como garante final de los derechos de ellos debe también entregar las herramientas necesarias para que sus padres y/o cuidadores puedan ejercer este rol protector, incorporando el trabajo remoto como una alternativa viable para funcionarios y funcionarias fiscales.

El Estado no puede hacer oídos sordos y mostrar indolencia ante la angustia de quienes no cuentan con una red de apoyo. Tampoco, puede esperar que esto gatille la renuncia de alguno de los progenitores. Pues como ya es habitual, serán mayoritariamente las mujeres quienes deberán salir, en el mejor de los casos por un tiempo, del mercado laboral, disminuyendo los ingresos de ese hogar, ya que las familias con niños en general son monoparentales, donde la jefa de hogar en el 98% de los casos es una mujer, y por tanto, entonces será la familia la que se quedará sin ningún ingreso.

Tampoco hay que olvidar que en caso de enfermedad, todo niño o niña mayor de 1 año, debe valérselas por sí mismo, pues sus padres tampoco cuentan con permiso laboral especial para acompañarlos en su recuperación, a menos que esté sea parte de la Ley Sanna. Urge hoy poner el foco en el Chile de mañana y seguir trabajando para alcanzar un piso garantizado mínimo donde el Estado entregue a la familias con niños, niñas y adolescentes las condiciones necesarias para que puedan ejercer el rol protector primordial de cuidado de sus niños que tienen a cargo.