En medio de la crisis de corrupción y de probidad que afecta al Gobierno y a uno de sus partidos de base, como es Revolución Democrática, resulta importante no dejar de lado la otra crisis que existe hace mucho rato en nuestro país: la de inseguridad, que afecta diariamente a miles de chilenos y chilenas.

Mientras el Gobierno trata de esquivar las esquirlas de la bomba de racimo que sus mismos partidarios instalaron y que ha motivado sendas y sucesivas investigaciones penales -por fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos- el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado continúan avanzando.

En efecto, se nos olvida que recién el año pasado, los delitos de mayor connotación social se incrementaron sustantivamente: los homicidios un 42%, las violaciones un 12%, los robos con violencia un 63%, los robos con fuerza un 47% y las lesiones un 25%.

En lo que va de 2023, siguen aumentando respecto de 2022, lo que da cuenta de un panorama muy complejo. Por ello el compromiso, en abril pasado, de un “Fast Track Legislativo”, con 31 proyectos priorizados en seguridad y metas claras en la materia era una buena noticia. Sin embargo, eso ha quedado simplemente en un buen anuncio, porque los compromisos no se han cumplido en absoluto. De hecho, se estableció el despacho de paquete de 13 leyes despachadas dentro de los primeros 75 días. Los días pasaron y ninguna ley ha sido promulgada. Es más, 4 proyectos se encuentran sin urgencia alguna del Gobierno y 5 están recién en primer trámite constitucional.

Ciberseguridad, reincidencia, usurpaciones y migración son algunas de las materias reguladas por las iniciativas legales que lamentablemente aún no son ley de la República, pese al compromiso público del Gobierno, a la fecha no cumplido. Pero la preocupación es mayor, porque sin lugar a dudas el “Fast Track Legislativo” ha quedado corto y requiere la incorporación de nuevas iniciativas legales y su priorización. Así por ejemplo, los recientes atentados explosivos adjudicados en diversas regiones adjudicados por el Movimiento 18 de Octubre, dan cuenta de la necesidad de la modernización de la ley antiterrorista, iniciativa no incorporada en dicha agenda de seguridad. Lo mismo ocurre con la reforma constitucional que presentamos transversalmente junto a un grupo de senadores para que las Fuerzas Armadas puedan resguardar los barrios críticos cuando exista amenaza de parte del narcotráfico o el crimen organizado, como lo que ocurre en Calama. Lo mismo respecto del llamado “criterio Valencia”, para que los delincuentes extranjeros que no tengan identificación y que son detenidos puedan quedar en prisión preventiva.

Así las cosas, el Gobierno debe de una vez por todas cumplir lo que promete, sobre todo cuando de seguridad se trata, lo que implica avanzar con mayor celeridad, poner las urgencias legislativas necesarias y dar la prioridad que merece el principal problema de las personas. No hacerlo, implicará necesariamente que la delincuencia siga ganando terreno, afectando gravemente a las familias del país, cuestión que no puede ocurrir.