Estar en política requiere asumir responsabilidades y no desviarlas. La primera explicación de la diputada Catalina Pérez, una vez difundido el caso convenios -acusando a “dos hombres adultos” de ser los culpables de adjudicarse más de 400 millones a través de la fundación Democracia Viva- fue simplemente chutear la pelota al córner.

Pareciera que la legisladora no calibró la madeja que empezaba a desenmarañarse y que sigue asombrando al país. Al parecer no le tomó el peso ni las dimensiones al escándalo en el que se vio envuelta de súbito como una actora central, porque los otros rostros de este capítulo –que recién comienza- formaban parte de su círculo más cercano, el mismo que la asesora (o asesoraba) y comparte (o compartía) también privadamente con ella. Nadie en su sano juicio podría creer que la ex presidenta y ahora ex militante de Revolución Democrática, la mujer con más poder del Frente Amplio en la Segunda Región, no tenía idea de lo que estaba ocurriendo en sus narices. No saberlo, por lo además, habría hablado muy mal de su gestión como legisladora, que la debiera convertir en la primera fiscalizadora de los actos de los organismos públicos en su distrito.

El pez muere por la boca dice el refrán y el Frente Amplio está tomando de su propia medicina. De tanto pontificar con la moral, la ética y la superioridad sobre el resto, terminaron sucumbiendo en las mismas prácticas que ellos supuestamente llegaban a erradicar.

El caso de esta fundación creada por los militantes de Revolución Democrática ha sido una bomba de racimo para el gobierno, pero lo es también para todos quienes estamos en política. El descrédito y la desconfianza hacia la actividad es tan grande que con justa razón la gente se ha empezado a preguntar si es la democracia el mejor sistema para solucionar los problemas que la aquejan a diario.

La reflexión debe ser más profunda que atacar a los adversarios de turno. Muchos están tomando esta oportunidad para pegarle en el suelo al gobierno de Boric cuando en realidad éste es un tema que va más allá de los partidos, la edad y las militancias.

Estamos en peligro todos, no sólo el Frente Amplio.

Si alguien quiere sacar dividendos políticos de esta situación está en un tremendo error. Cuando la fe pública se daña tan profundamente, los únicos que ganan son quienes creen que la solución la tienen los populismos autoritarios, tan de moda en América Latina con casos como el de Nicaragua, Venezuela o El Salvador.

¿Queremos eso para Chile? No creo. Por lo mismo, es fundamental que luego de estos hechos, se impulsen nuevas leyes para, por ejemplo, fortalecer las funciones de la Contraloría o crear una nueva agenda de probidad que incluya al sector público, pero también a los privados.

Nadie puede quedar fuera de esta batalla anticorrupción. Pero los primeros interesados en trazar este camino debemos ser nosotros, los que formamos parte de la mal llamada clase política, porque de clase no nos queda mucho.

Si queremos un país estable, que crezca, que tenga una mejor calidad de vida, hay que partir por mirarnos a nosotros mismos. Pero también debemos hacernos cargo de las demandas de la gente que seguimos sin resolver.

El ministro Marcel amenazó con otro estallido social en caso de que no tengamos reforma tributaria y creo que el titular de Hacienda está en un error, porque el estallido continúa, debido a que no hemos sido capaces de dar respuestas a las principales demandas que surgieron durante el preestallido -como la reforma de pensiones, el fin a las listas de espera en salud o la escasa calidad de la educación de nuestros colegios y jardines infantiles. Si a eso sumamos la crisis de inseguridad y la incertidumbre económica, vemos un panorama desolador sobre el cual hay que trabajar con urgencia.

La nueva constitución es importante, pero no solucionará ninguna de esas demandas. Defender la democracia también es cumplirle a la gente y escuchar lo que nos están pidiendo. De eso sí tenemos que pontificar hasta lograr hacer de Chile un país más justo y solidario.