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La bancada de diputados de Renovación Nacional, encabezada por Miguel Mellado y Carla Morales, ofició al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, pidiendo explicaciones por el nombramiento de Jaime Fuentes Purrán como seremi de Seguridad en la región Metropolitana.

En concreto, apuntan contra la nueva autoridad porque -dicen- defendió públicamente a condenados por delitos durante el estallido social, calificándolos como “presos políticos”.

Los parlamentarios recordaron que la existencia de presos políticos ha sido descartada por el propio Gobierno. En esa línea, consideran inaceptable sostener ello y que “afirmar su existencia supone una concertación ilícita entre diversos organismos para recluir o privar de libertad a una persona solo debido a sus ideas”.

Así, advirtieron que el nuevo ministerio nace de una demanda transversal; sin embargo, el Gobierno, al nombrar al seremi, termina por reivindicar las demandas de grupos minoritarios.

“El Gobierno reivindica las demandas de grupos minoritarios y continúa haciendo gestos a ese mundo que enarbola incondicionalmente la violencia, todo ello en un ejercicio de cuoteo inaceptable y que transgrede el deber que tiene tanto el Presidente de la República como el propio ministro de Seguridad Pública de contar con los mejores nombres para llevar adelante”, emplazaron los RN.

Posible incumplimiento a la ley según RN

Por otra parte, los diputados afirman que el nombramiento de Fuentes Purrán no cumpliría con los requisitos del artículo 24 de la ley que crea la cartera, y que exige “tener, a lo menos, tres años de experiencia profesional en materias de seguridad, prevención del delito u otras afines, o seis años de experiencia profesional”.

Los parlamentarios afirman que “no tenemos antecedentes de experiencia profesional en materia de seguridad, prevención del delito u otra afín, y ciertamente no se cumple con el requisito alternativo de seis años de experiencia profesional ya que de los registros del Poder Judicial queda constancia que el señor Fuentes aun no cumple 5 años desde que fue investido con el título profesional de abogado por la Corte Suprema“.

Finalmente, aseguraron que “este tipo de nombramientos nos retrotraen a un país que ya decidió dejar atrás las banderas del octubrismo”, solicitando, además, todos los antecedentes curriculares de los seremis del país, así como un pronunciamiento claro del ministro respecto a las declaraciones del nuevo funcionario.