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Ministra condena a exmiembros del Ejército por incineración de archivos de la CNI entre 2000 y 2001 en Nos, San Bernardo, con datos sobre violaciones a DD.HH. entre 1980-1982. Exgeneral Eduardo Jara y ex teniente Mercedes Rojas reciben 3 años y un día de reclusión, mientras que exgeneral Carlos Chacón 200 días como encubridor. Archivos incluían info relevante sobre la CNI y operaciones de inteligencia. Querella presentada en 2017 por Londres 38, la DC y la familia Frei, criticando las bajas penas. Ejército reconoció incumplimiento en custodia de documentos en 2015.
La ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, condenó a tres exmiembros del Ejército por la incineración de archivos de la Central Nacional de Informaciones (CNI), ocurrida entre 2000 y 2001.
La destrucción de estos documentos se realizó en la Escuela de Inteligencia del Ejército en Nos, San Bernardo. Y estos contenían antecedentes relevantes sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1980 y 1982.
Los condenados son el exgeneral de brigada Eduardo Jara Hallad y la exteniente coronel Mercedes Rojas Kuschevich, quienes recibieron penas de 3 años y un día de reclusión menor en su grado máximo, con beneficio de libertad vigilada.
Mientras que el tercero, el exgeneral de división Carlos Chacón Guerrero, fue sentenciado a 200 días de reclusión como encubridor.
El fallo acreditó que los documentos destruidos incluían información clave sobre el funcionamiento de la CNI y las operaciones de inteligencia contra opositores a la dictadura, incluyendo al expresidente Eduardo Frei Montalva.
El abogado Nelson Caucoto, representante de Carmen Frei, criticó las penas: “Desgraciadamente, este tipo penal tiene penas bajísimas (…). El Ejército actuó para asegurar la impunidad de sus agentes”.
La querella fue presentada en 2017 por Londres 38, la Democracia Cristiana y la familia del expresidente. Quienes fueron representados por los abogados Magdalena Garcés, Luciano Fouilloux, Francisco Ugás y Nelson Caucoto.
En 2015, el Ejército reconoció que no se respetó la normativa sobre custodia y destrucción de documentos, pero no se adoptaron sanciones por tratarse de personal en retiro.
El fallo establece que los archivos fueron quemados sin actas oficiales, lo que permitió ocultar evidencia de crímenes de lesa humanidad y posibles antecedentes del homicidio de Frei Montalva.
