Gobierno compromete sumar urgencia a Ley de Seguridad Municipal tras reunión con alcaldes de la RM

Un grupo transversal de alcaldes y alcaldesas de la Región Metropolitana se reunió este lunes en La Moneda con la ministra del Interior, Carolina Tohá, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao. El objetivo fue solicitar celeridad en la tramitación del proyecto de Ley de Seguridad Municipal, estancado en su segundo trámite constitucional en el Congreso.

La iniciativa busca fortalecer el rol de los municipios en seguridad pública y prevención del delito. Entre sus ejes están equiparar recursos; proteger a funcionarios municipales; abordar la participación ciudadana y otorgar nuevas atribuciones para enfrentar la crisis de inseguridad en barrios.

Tomás Vodanovic (FA), alcalde de Maipú, criticó la lentitud del Legislativo. “Las dinámicas que vivimos en nuestras comunas, que nos hacen enfrentar con pocas herramientas la crisis de seguridad, no están siendo tomadas con la misma urgencia por parlamentarios”, dijo.

El jefe comunal agregó que “mientras la oposición dilata estas discusiones, nuestros funcionarios municipales pueden ser agredidos sin sanciones adecuadas. Tenemos patrullas estacionadas por limitantes para contratar personal, aunque tenemos los recursos”.

Mientras que Claudio Castro (IND), alcalde de Renca, anunció que sostendrán conversaciones con la comisión conjunta de Gobierno Interior y Seguridad del Senado. “Pediremos que no se siga dilatando esta discusión urgente. Hacemos un llamado a la oposición para que se sume”, sostuvo.

Castro precisó que temas polémicos, como el uso de armas por inspectores, deben discutirse por separado. “Lo que no puede pasar es que se frene esta ley. Necesitamos aumentar penas por agresiones y un estatuto administrativo que proteja a los funcionarios”, agregó.

Gobierno respalda reclamo de alcaldes

La subsecretaria Leitao respaldó el reclamo municipal. “Empatizamos con los alcaldes. Los funcionarios de seguridad no tienen reconocimiento jurídico ni garantías. Muchos terminan detenidos por riña al intervenir en delitos flagrantes”, expuso.

La autoridad confirmó que el Gobierno instruyó a la Segpres para cambiar el estatus del proyecto a “discusión inmediata”. “En lo que hay acuerdo, debemos avanzar. Este proyecto no reemplaza a las policías; fortalece roles preventivos y coordinados”, añadió.

Claudia Pizarro (DC), alcaldesa de La Pintana, enfatizó que “nos da lo mismo ser inspectores en La Pintana o en comunas del oriente. La violencia nos supera. Necesitamos un estatuto único que proteja a trabajadores, muchos contratados a honorarios y desprotegidos”.

La jefa comunal recordó que, desde 2021, municipios tienen vehículos de seguridad paralizados por límites en contrataciones. “No podemos esperar más. La discusión debe cerrarse en marzo”, fustigó.

Aumento de penas para agresores de funcionarios municipales

El proyecto también propone aumentar las penas para quienes agredan a funcionarios municipales, un punto respaldado transversalmente.

En ese sentido, Vodanovic destacó que “ningún alcalde en Chile, de derecha, centro o izquierda, está en desacuerdo con corregir estas limitantes absurdas”.

Las autoridades comunales presentes en La Moneda representaron un espectro político amplio, desde la Asamblea Democrática (ADC) hasta el Partido Comunista, además de independientes electos fuera de pactos. Todos coincidieron en que la ley debe priorizarse sin más dilaciones.

Así las cosas, Tohá y Leitao se comprometieron a articular gestiones con el Congreso. Los alcaldes, en tanto, iniciarán una ronda de reuniones con parlamentarios para exigir avances concretos antes de fin de mes.