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El Tribunal Constitucional certificó el pago de la fianza de 500 mil pesos presentada por los abogados John Reed y Raimundo Palamara para exigir la inhabilitación de la ministra de Defensa, Maya Fernández. Ambos profesionales transfirieron 250 mil pesos cada uno a la cuenta del TC, validando así el cumplimiento del requisito para admitir el requerimiento contra la autoridad. El requerimiento se basa en la fallida compra de la casa de Salvador Allende en Providencia, donde Fernández firmó un contrato de compraventa por 933 millones de pesos, lo que consideran una causal de inhabilidad. Los abogados actuaron como ciudadanos y no en representación de instituciones, y el caso está programado para revisión el 10 de febrero en la Primera Sala del TC.
El Tribunal Constitucional (TC) certificó este 31 de enero el pago de la fianza de 500 mil pesos presentada por los abogados John Reed y Raimundo Palamara, quienes exigen la inhabilitación de la ministra de Defensa, Maya Fernández. El trámite es requisito para admitir el requerimiento contra la autoridad.
Según el oficio del tribunal, ambos profesionales transfirieron 250 mil pesos cada uno a la cuenta de la Secretaría del TC el 30 de enero. María Angélica Barriga Meza, secretaria abogada del tribunal, firmó la certificación que valida el cumplimiento del pago.
El requerimiento contra Fernández se basa en su participación en la fallida compra de la casa de Salvador Allende -abuelo de la secretaria de Estado- en Providencia. Los abogados argumentan que la Ministra firmó un contrato de compraventa por 933 millones de pesos con el Ministerio de Bienes Nacionales el 30 de diciembre pasado, lo que consideran una causal de inhabilidad.
John Reed, exseremi durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, y Raimundo Palamara, militante del Partido Republicano, actuaron como ciudadanos y no en representación de instituciones. Palamara también es querellante en la causa penal que investiga la fallida transacción del inmueble.
El contrato se firmó en la Quincuagésima Notaría de Santiago y comprometió fondos públicos para adquirir la propiedad ubicada en Guardia Vieja 392. Los dueños del inmueble incluyen a la senadora Isabel Allende, hija del exmandatario, quien enfrenta dos requerimientos similares en el TC.
Libelo apunta a la causal de inhabilidad
La presentación judicial señala que los funcionarios públicos no pueden suscribir acuerdos superiores a 200 UTM con el Estado. “La suscripción de contratos es causal de inhabilidad para toda autoridad o funcionario público que suscriba un contrato de más de 200 UTM con el organismo correspondiente”, detalla el documento.
El texto agrega que, para los ministros de Estado, la prohibición es más estricta: “Según la norma constitucional, se les prohíbe suscribir cualquier contrato con el Estado durante el ejercicio de sus funciones”.
Chile Vamos había anunciado acciones contra Fernández, pero hasta ahora solo interpuso requerimientos contra Isabel Allende. La bancada oficialista cuestiona la legalidad de ambas figuras en el caso.
Raimundo Palamara explicó a BBCL Investiga que el recurso ante el TC se presentó “en calidad de ciudadanos”. Aseguró que, de prosperar, la ministra Fernández “resultará destituida de su cargo”.
El TC programó la revisión del caso para el 10 de febrero en su Primera Sala.
