Corte rechaza recurso de Desbordes contra construcción de nueva cárcel en Santiago: Municipio apelará

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de protección presentado por el alcalde Mario Desbordes para frenar la construcción de la nueva cárcel en la comuna. La resolución, emitida el pasado 22 de enero, argumentó que esta acción legal no era la vía adecuada para abordar el conflicto.

El alcalde Desbordes interpuso el recurso el 20 de enero contra el Ministerio de Vivienda, luego de que esta entidad aprobara la modificación del plan regulador que habilita la ampliación de la cárcel Santiago 1. El proyecto fue anunciado por el Presidente Gabriel Boric como parte de la estrategia contra el crimen organizado.

“Antes que pensar en construir una nueva cárcel, es urgente solucionar muchos problemas de seguridad”, declaró Desbordes al presentar el recurso. El jefe comunal criticó al gobierno por impulsar la iniciativa “saltándose la ley olímpicamente”, en referencia a la aprobación del cambio en el plan regulador.

La Corte sostuvo que el recurso de protección no cumplía con los requisitos de admisibilidad, al considerar que el tema debe discutirse en un proceso judicial de mayor profundidad, contrario a la naturaleza cautelar de esta acción legal.

Recurso de reposición también fue rechazado

El municipio presentó un recurso de reposición, pero este fue rechazado el 28 de enero. La Corte reiteró que los argumentos expuestos “no logran hacer variar aquellos fundamentos tenidos en consideración” en la resolución inicial.

Pese a los fallos, el municipio confirmó que persistirá en su estrategia legal. “Vamos a apelar ante la Corte Suprema”, afirmaron fuentes de la administración comunal, sin especificar plazos para presentar el nuevo recurso, recogió La Tercera.

Desbordes mantiene una postura crítica frente al proyecto, alineándose con las juntas de vecinos que rechazan la construcción. “Ni el municipio ni los vecinos están de acuerdo con esta ampliación”, insistió el alcalde en declaraciones previas a la inadmisibilidad.

El conflicto se enmarca en las tensiones entre el gobierno y municipios por proyectos de infraestructura crítica. La administración de Gabriel Boric defiende la ampliación de Santiago 1 como una medida necesaria para combatir el hacinamiento y el crimen organizado.