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La empresa dueña de Patio Bellavista, interpuso una demanda por $13.744 millones contra el Estado alegando graves pérdidas económicas y un ambiente insostenible debido a la violencia desenfrenada tras el estallido social. La acción judicial, presentada ante el Octavo Juzgado Civil de Santiago, acusa una "falta de servicio" en seguridad post estallido, con una disminución del 45,5% en visitas al recinto. La demanda describe Plaza Baquedano como una "zona de sacrificio" y revela que la inseguridad frustró un proyecto de expansión por $43.210 millones.

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La empresa Inversiones Las Arenas Ltda., propietaria de Patio Bellavista, presentó una demanda por $13.744 millones contra el Estado, argumentando graves perjuicios económicos y un entorno inviable para operar debido a la violencia descontrolada tras el estallido social. La acción judicial, presentada el 26 de noviembre ante el Octavo Juzgado Civil de Santiago, acusa “falta de servicio” en materia de seguridad.

“Los acontecimientos ocurridos en Chile desde el 18 de octubre de 2019 marcaron un antes y un después en la vida institucional y social de nuestro país”, señala la demanda firmada por el empresario Álvaro Jadue Melnick, según consignó La Tercera. De acuerdo al documento, el recinto, que recibía 125.545 visitas semanales antes del estallido, sufrió una baja del 45,5% en enero de 2023.

Según la demanda, el estallido social transformó Plaza Baquedano y sus alrededores en una “zona de sacrificio”, comparando la situación con áreas afectadas por problemas ambientales como Ventanas o Quintero, pero afectada por problemas de seguridad pública. “El descontrol y violencia del sector hizo que decenas de locatarios abandonaran sus comercios”, sostiene el texto.

Este también detalla que la inseguridad frustró un ambicioso proyecto de expansión, valorado en $43.210 millones, que contemplaba nuevos restaurantes, locales comerciales y espacios de coworking. “Todo quedó en nada debido a los problemas de seguridad en la zona cero y a la posterior pandemia”, dice.

En marzo de 2022, el ministro de Economía, Nicolás Grau, reconoció la problemática “Como Ministro de Estado, pedirles disculpas por la incapacidad que ha tenido el Estado hasta ahora de asegurarles una vida razonable y una posibilidad de llevar a cabo sus negocios”.

La acción legal, patrocinada por el estudio Ovalle Consejeros Legales, exige que el Estado asuma su responsabilidad por no garantizar el orden público, conforme a la Constitución y la Ley N.º 20.502.