La adquisición por parte del Gobierno de la casa donde vivió el expresidente Salvador Allende Gossens continúa generando amplio debate. Desde la Contraloría General de la República (CGR) aseguraron que aún no se han completado todos los pasos administrativos relacionados con la compraventa.
El pasado martes, la administración del Presidente Gabriel Boric anunció la creación de dos casas museo en Providencia. Estas incluirán las viviendas de los expresidentes Salvador Allende y Patricio Aylwin, ubicadas en Guardia Vieja y Arturo Medina, respectivamente. Según informó el Ministerio de Bienes Nacionales, estas casas serán parte del patrimonio estatal, buscando preservar sitios significativos en la historia democrática del país.
Para concretar esta iniciativa, la Contraloría tomó razón de los decretos que autorizan la adquisición de ambas propiedades el 20 de diciembre de 2024. Sin embargo, la propiedad de Guardia Vieja, correspondiente a la familia Allende, despertó controversias tras conocerse que su costo asciende a 24.291 Unidades de Fomento (UF), equivalente a $933 millones.
El Ministerio de Bienes Nacionales indicó que los montos para la compra de las propiedades se definieron tras realizar una tasación oficial del ministerio y consultas a tasaciones externas.
Además, confirmaron que “el 31 de diciembre se firmaron los contratos de compraventa con ambas familias en notaría. Ahora se debe firmar el decreto de aprobación de la compra por parte del Ministerio de Bienes Nacionales y se deben inscribir los inmuebles a favor del Fisco ante el Conservador de Bienes Raíces. Una vez que estén inscritos, se concreta el pago a las familias”.
Alegaciones de constitucionalidad por compra de casa de expresidente Allende
El pago, que será recibido por los actuales propietarios, generó críticas. En el caso de la casa de los Allende, los actuales dueños son la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende; su hermano, Alejandro Salvador Fernández Allende; y su tía, la senadora María Isabel Allende Bussi.
Fuentes del Ejecutivo calificaron la compra como “uno de los grandes errores” de la administración, pues se habrían pasado por alto restricciones constitucionales que prohíben a ministros y senadores celebrar contratos con el Estado mientras ejercen sus cargos. El artículo 37 bis de la Constitución establece estas limitaciones para evitar conflictos de interés.
Desde el Ministerio de Defensa reconocieron que será necesario corregir la declaración de patrimonio de la ministra Fernández, ya que en su Declaración de Intereses y Patrimonio figura como propietaria al 100%, lo cual no corresponde. El decreto de Bienes Nacionales señala que la propiedad también está a nombre de Carmen Paz Allende Bussi, Alejandro Fernández y la senadora Isabel Allende.
Contraloría aclara su rol en el proceso
En medio de la polémica, fuentes de la Contraloría General de la República respondieron a Radio Bío Bío, señalando que el proceso administrativo aún no está completo.
“Se trata de dos actos administrativos distintos. Uno es la autorización para que el Fisco adquiera un bien y otro, posterior, es la aprobación del contrato de compraventa“, detallaron.
Desde la entidad agregaron que “solo se ha cursado uno, el inicial, en que se autoriza al Fisco a adquirir una propiedad que califican como de valor histórico, cuestión esta última que no compete a esta Contraloría evaluar”.
Respecto a la aprobación de la compraventa, aclararon que “este acto administrativo no se ha dictado ni menos enviado a la CGR, por lo que aún no es posible pronunciarse sobre su juridicidad. Solo una vez que se dicte, podrá verificarse si se vulnera o no el artículo 37 bis de la Constitución u otra norma”, cerraron.
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