En prisión preventiva quedaron los cuatro ciudadanos venezolanos vinculados al Tren de Aragua en la capital. Ellos fueron formalizados por los delitos de homicidio calificado, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, incluidas niñas, para fines de explotación sexual.

En el Ministerio Público afirmaron que hay otras personas involucradas en la organización criminal que aún están en libertad.

Lo que comenzó como una investigación por un brutal homicidio ocurrido en la comuna de Colina, terminó en una indagatoria que permitió desbaratar en tiempo exprés a una red de explotación sexual.

Esta incluso tenía menores de edad entre sus víctimas y operaba a solo cuadras del palacio de La Moneda, y que formaban parte de una de las células territoriales del Tren de Aragua.

La banda se dedicaba a obtener ganancias mediante la explotación sexual de al menos 30 mujeres extranjeras, varias de ellas menores de 18 años.

El allanamiento del edificio donde se desarrollaba el comercio sexual, ubicado en la calle Tarapacá con Nataniel Cox, permitió la detención de los cuatro integrantes de la banda ilícita y el rescate de las víctimas.

Dos días después se desarrolló la audiencia de formalización de los imputados, quienes están acusados de homicidio calificado, trata de personas con fines de explotación sexual y tráfico ilícito de inmigrantes.

Todos quedaron en prisión preventiva por considerarse un peligro para la sociedad, para la integridad de las víctimas, y un riesgo de fuga, y dejando un plazo de 240 días para la investigación.

Los datos entregados por el fiscal

Durante la formalización en el Juzgado de Garantía de Colina, el fiscal preferente ECOH, Sergio Soto Yáñez, entregó antecedentes que acreditaban la participación de los imputados en el asesinato de un integrante de la célula criminal. Ese fue el hecho que desencadenó en la investigación de esta red.

El Ministerio Público logró acreditar frente al tribunal varios delitos y hechos. En octubre de este año, apuñalaron en 15 ocasiones a su compañero en el tórax, para luego ocultarlo en una maleta e incendiarla. El hombre aún presentaba signos vitales cuando fue quemado, según lo expuesto por el fiscal.

Todo esto por incumplir el código de la organización al mantener una relación con una de las mujeres que eran obligadas a prostituirse.

Para descubrirlo, los sujetos torturaron a las mujeres para poder saber quién era el individuo que mantenía una relación con una de ellas. Esto quedó expuesto en un audio obtenido durante la indagatoria.

Escucha el audio:

Homicidio calificado

Fue tal planificación y la brutalidad de este crimen, que la Fiscalía descartó que se tratara de un homicidio simple. En cambio, optó por un homicidio calificado, por alevosía, ensañamiento y premeditación.

El fiscal además explicó que la organización criminal operaba de manera transnacional, con miembros tanto en Venezuela como en Chile, y los integrantes en Venezuela, denominados “llaveros”, coordinaban el comercio sexual mediante una aplicación.

Además, indicó que existen otros individuos que están siendo buscados y que tienen orden de detención, ya que participarían en los diferentes ilícitos. Sin embargo, su captura es compleja porque no tienen documentos, registros ni domicilios.

A través de una aplicación, los extranjeros respondían en nombre de las mujeres explotadas, pactaban los servicios con los clientes chilenos y enviaban detalles al “taxista”, un miembro en Chile encargado de transportar a las víctimas y recolectar el dinero. Este último luego enviaba las ganancias a Venezuela mediante transferencias electrónicas.

Cabe destacar que de los cuatro imputados, uno de ellos es uno de los taxistas y era el único que tenía RUN chileno. Sin embargo, lo preocupante, es que él utilizaba una aplicación de transporte llamada “Didi”. Es decir, muchos usuarios solicitaron su servicio sin saber que eran transportados por un miembro del Tren de Aragua.

Una “multa” de $5 millones

A las mujeres ingresadas a Chile bajo esta red se les cobraba una “multa” de $5 millones, por haberles facilitado el ingreso irregular a Chile. Aunque, los integrantes del Tren de Aragua atraían a las víctimas bajo una promesa de un trabajo formal, lo que era un engaño.

Las mujeres debían rendir semanalmente al menos $300 mil, de los cuales $200 mil se destinaban a abonar la deuda, $50 mil al alojamiento y otros $50 mil a la alimentación. Solo obtenían ingresos extras si negociaban servicios sexuales adicionales, como consumo de drogas con los clientes.

Incluso, si no cumplían con el pago semanal, la deuda se traspasaba a la otra semana, y las víctimas sufrían amedrentamientos, torturas y amenazas de muerte.

Fiscalía busca a los clientes

Ellas eran ofrecidas vía aplicación en Santiago y sus “clientes” se concentraban en comunas como Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes.

De hecho, la indagatoria sumó una nueva arista, ya que el Ministerio Público está interesado en revisar los teléfonos celulares de las víctimas para establecer los domicilios que visitaron y así confirmar quiénes serían los “clientes”, quienes habrían contratado a menores de edad. Así lo afirmó el fiscal.

En el Gobierno, destacaron el trabajo del Ministerio Público. Fue el subsecretario del Interior, Luis Cordero, quien señaló que la detención de este grupo criminal es un mensaje también para esas organizaciones ilícitas que serán perseguidas, respecto de cualquier víctima.

Previo al desarrollo de la audiencia de formalización, se contó con un hecho que generó preocupación entre quienes aseguraban el perímetro del Juzgado de Garantía de Colina. Se trata de personas, familiares de alguno de los imputados, quienes fueron sorprendidos fotografiando a uno de los fiscales de la causa, mientras daba un punto de prensa.

Esto alertó al punto fijo de Carabineros que estaba resguardando el recinto, quienes le hicieron un control de identidad, y al no presentar documentación, fueron trasladados a una comisaría de Colina, donde más tarde fueron apercibidos.

Algo que no se entendió mucho ayer fue lo que demoró la cúpula de la Fiscalía en atender una situación así de grave. De hecho, la información que manejamos por fuentes allegadas, es que el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, abrió una investigación sobre los hechos.