Despidos y deudas en imposiciones de la administración Hassler se toman segundo concejo de Desbordes

Los más de 150 despidos en la Municipalidad de Santiago se tomaron el segundo concejo liderado por el alcalde Mario Desbordes (RN).

Concejales oficialistas acusaron maltrato laboral y denunciaron el término de servicios sociales para, por ejemplo, personas con discapacidad, mientras que el jefe comunal aseguró que todos los programas se mantendrán y mejorarán.

En la sesión se aprobó el traspaso de $2 mil millones a la Dirección de Educación, para paliar un déficit por no pago de cotizaciones y sueldos.

Sin embargo, el tema central fueron los más de 150 términos de contrato por el cambio de administración.

Así, funcionarios a honorarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario, de la Subdirección de Igualdad de Género y otros departamentos culminarán el 31 de diciembre con sus funciones.

El municipio argumentó cargos duplicados y no cumplimiento de las labores para justificar las desvinculaciones.

De hecho, la directora de la Dideco, Eleonora Espinoza, informó de hallazgos que llamaron la atención, como que más del 43% del Fondo de emergencia se utilizó para pagar gastos comunes de vecinos.

También que se restituyó un inmueble a Bienes Nacionales que la antigua administración ocupaba para fines sociales, con deudas de luz y agua.

El concejal republicano, Vicente Martínez, agradeció que el alcalde esté reestructurando la municipalidad y lo emplazó a terminar de lleno con la ideología de género.

Concejalas de izquierda critican despidos

Pero, las concejalas de izquierda aseguraron que hay cambios que no tienen nada que ver con el argumento de los operadores políticos.

Por ejemplo, expusieron el caso de la subdirectora de Servicios Sociales, quien llevaba 9 años en el municipio y fue notificada de su desvinculación para ser reemplazada por Nora Muñoz, quien trabaja en el Quinto Juzgado de Policía Local.

La concejala comunista, Camila Davagnino, aseguró que este no es el único caso y acusó que se despidió a gente de la Dirección de Seguridad, a las abogadas que llevaban causas judiciales por violencia de género y también a la gente de la sala multisensorial para niños con Trastorno del Espectro Autista.

Es por esto que acusó al alcalde de desmantelar servicios clave e intentar justificarlo con el argumento de los operadores políticos.

En la misma línea, la concejala comunista, Dafne Concha, lo emplazó a entregar las evaluaciones de los más de 150 funcionarios notificados, para ver si se justificaba o no el despido.

Junto con ello, acusaron a Desbordes de maltrato laboral por el tratamiento de los despidos.

El alcalde no solo dijo que “la administración con más denuncias por maltrato laboral fue la de Irací Hassler (PC)”, sino que descartó de lleno que se termine con programas o servicios para los vecinos.

Desbordes, además, dio a conocer que instruyó a la nueva Dideco que informe en los concejos municipales de enero sobre toda la reestructuración.

Millonarias deudas en imposiciones

Pero, esto no es lo único que tensionó el concejo de ayer.

También se discutió y aprobó la modificación presupuestaria que traspasa $2.260 millones a la Dirección de Educación, sin modificaciones en el total del presupuesto.

Esto porque se evidenció un déficit que impedía poder pagar las imposiciones de algunos de los trabajadores de la dirección.

Desbordes sostuvo que es necesario mover esos recursos para dar solución a esos trabajadores y, ante la pregunta de qué había pasado, él informó que eso está en evaluación.

El jefe comunal dijo que no se les entregó toda la información, ya que el director de Educación renunció antes del cambio de mando y no hubo un traspaso como corresponde, por lo que harán una investigación para conocer el detalle de la ejecución presupuestaria de esa dirección.

El concejal UDI, Luis Mackenna, dijo que es impresentable el desorden con el que la administración anterior dejó el municipio y emplazó a hacer una auditoría.

El problema no solo es de la dirección de Educación, sino que el alcalde informó que estaban pagando 4 meses de cotizaciones atrasadas en la Corporación de Desarrollo de Santiago.

Respecto a la auditoría, el municipio tiene 120 días de plazo para solicitarla y Desbordes aseguró que será un tema a tratar en los concejos municipales de enero.