La Contraloría General de la República revisó de forma detallada la fiscalización que realiza la Dirección Regional de Aduanas Metropolitana en la llamada zona primaria del Aeropuerto Internacional de Santiago. La auditoría detectó la falta de escáner y el desorden en el control de asistencia de los fiscalizadores como puntos graves dentro de los hallazgos de la investigación.
La Contraloría General de la República (CGR) destapó una serie de graves irregularidades en los controles realizados por la Dirección Regional de Aduanas Metropolitana en la zona primaria del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago.
La auditoría, contenida en el informe final N° 535/2024, deja en evidencia un sistema debilitado, carente de recursos básicos y con fallas estructurales que podrían estar abriendo la puerta al ingreso de mercancías ilícitas al país.
Uno de los hallazgos más preocupantes es la inexistencia de un escáner para revisar las mercancías que ingresan por el aeropuerto. Actualmente, los fiscalizadores realizan inspecciones visuales, un método que no solo es insuficiente, sino que aumenta significativamente el riesgo de ingreso de drogas, armas y otros bienes prohibidos.
Esto ocurre en un contexto donde, entre 2019 y 2023, las operaciones de ingreso de mercancías aumentaron considerablemente, pero la dotación de personal para fiscalizarlas se mantuvo estancada.
Durante 2023, se revisaron apenas el 0,059% de los documentos de internación, equivalentes a 4.081 trámites, de un total de 6.823.515.
Falta de sanciones y desidia institucional
La Contraloría detectó que algunos despachadores se han negado reiteradamente a permitir la inspección de mercancías sin recibir las sanciones correspondientes. Pese a que la Ordenanza de Aduanas establece multas claras para estas situaciones, la Dirección Regional no ha aplicado estas medidas.
Asimismo, la CGR reveló la existencia de agentes de aduanas que gestionaron importaciones asociadas a infracciones graves, incluyendo contrabando. Sin embargo, estas irregularidades no han derivado en multas, suspensiones ni acciones disciplinarias contra los responsables.
Otro hecho alarmante es la ausencia de documentación que acredite la asistencia de un armero especialista de la Dirección General de Movilización Nacional durante fiscalizaciones relacionadas con mercancías sensibles, como armas y municiones. Esto supone una grave negligencia en procedimientos que requieren un nivel técnico y de seguridad elevados.
Ante este panorama, la CGR exigió a Aduanas Metropolitana medidas concretas, como la adquisición de un escáner de rayos X y la implementación de procedimientos formales de control que prevengan estas irregularidades en el futuro. También instó a aportar los antecedentes de los casos denunciados y a aplicar las sanciones correspondientes a los responsables.
Este informe no solo evidencia la fragilidad de los controles aduaneros en una de las principales puertas de entrada al país, sino que pone en jaque a una institución clave en la protección de las fronteras. Con estas fallas, no solo se pone en riesgo la seguridad nacional, sino que también se alimenta la desconfianza en una autoridad que parece haber perdido el control de su mandato.
La pregunta es inevitable: ¿Quién se beneficia de este desorden y quién asumirá la responsabilidad?
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