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Los diputados de Renovación Nacional, Hugo Rey y Marcia Raphael, expresaron su preocupación por las declaraciones del Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, respecto a los recientes incidentes de violencia en el Internado Nacional Barros Arana (INBA). Durán sugirió que la situación estaba bajo control y que la administración municipal había mejorado en el manejo de conflictos, lo cual los diputados consideran alejado de la realidad y una falta de respeto a la comunidad educativa afectada. Los parlamentarios enviaron un oficio donde cuestionan las estadísticas presentadas por Durán y solicitan un informe detallado de los procesos sancionatorios en los liceos dependientes de la Municipalidad de Santiago desde 2019 hasta la fecha, buscando mayor transparencia y soluciones concretas a los problemas en los establecimientos educacionales.

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Los diputados de Renovación Nacional, Hugo Rey y Marcia Raphael, manifestaron su profunda preocupación por las declaraciones emitidas por el Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, en relación con los recientes incidentes de violencia en el Internado Nacional Barros Arana (INBA).

Durante una entrevista, Durán sugirió que la situación en el establecimiento estaría bajo control y que la actual administración municipal ha mostrado mejoras en el manejo de estos conflictos, afirmación que los diputados consideran alejada de la realidad y una falta de respeto a la comunidad educativa afectada.

“Las declaraciones del delegado Durán suponen una bofetada para la comunidad escolar del INBA, que ha visto cómo una treintena de sus estudiantes resultaron heridos por la manipulación de artefactos explosivos en su propio colegio”, expresó Rey.

Oficio de los diputados RN

Mediante un oficio, los parlamentarios señalaron que “parece conveniente recordarle (a Durán) que lo ocurrido recientemente en el INBA no es un evento más que puede ser incluido en una planilla Excel, sino que es un hecho que desde el punto de vista cualitativo es el más grave que ha ocurrido al interior de un establecimiento educacional del que tengamos memoria”.

Así, aseguraron que las estadísticas de Durán son cuestionables, ya que “responden principalmente a la entrada en vigencia de la ley aula segura (recién publicada en diciembre de 2018) y a los extensos meses en los que no hubo clases debido, entre otras cosas, por la pandemia del Covid-19”.

Por su parte, Raphael destacó que “la afirmación de que los procesos sancionatorios aumentaron bajo la administración actual no tiene fundamento claro y genera dudas que deben ser despejadas. En lugar de minimizar la situación, las autoridades deberían ofrecer transparencia y soluciones a las comunidades escolares“.

Finalmente, los diputados solicitaron al delegado un informe detallado que incluya el total de procesos sancionatorios en los liceos dependientes de la Municipalidad de Santiago, desde el año 2019 hasta la fecha. Desglosando las cifras por año, establecimiento, tipo de sanción aplicada y si se realizó denuncia al Ministerio Público.

De esta forma, concluyen, se podrá contar con información precisa sobre la gestión municipal en estos casos.

Revisa el oficio completo a continuación: