Una nueva polémica envuelve al exfiscal Manuel Guerra y el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter. Pero, esta vez, no es por los chats con Luis Hermosilla, sino por la contratación del primero en la Defensoría de la Gente.

Hasta la semana pasada, el expersectutor lidero dicha oficina en la comuna floridana, pero renunció a raíz de la investigación en su contra por su aparición en las conversaciones de Hermosilla en el marco del caso Audio.

Días después, se conocieron conversaciones entre Guerra y el abogado que está actualmente en prisión preventiva, donde el primero calificaba de ”entero de maraco” al jefe comunal, en un diálogo realizado antes de trabajar junto al exmilitante de la UDI.

Por ello, Carter lo criticó duramente e indicó a diversos medios que su contratación la decidió el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (Cosoc) y no él mismo.

El alcalde aseguró que decidió personalmente que el nombramiento lo hiciera la sociedad civil y sostuvo que se entrevistaron al menos a tres abogados importantes.

Desmienten a Carter por contratación de Guerra

Pero, el medio Fast Check lo desmintió. Aseguró que el Cosoc no puede contratar gente y que Carter buscó declarar el concurso como desierto para presentar como único candidato a Guerra.

En el acta extraordinaria n.º 6 de 2023, Carter dice que “no estaban conformes con los currículums que habían llegado en el concurso a Fiscal de la Gente”, ya que necesitaban a alguien con carácter y experiencia.

Posterior, el alcalde pide al consejo unanimidad para dar de baja el concurso público para proponerles “un nombre nuevo, muy bueno”. Ahí se tomó la decisión de contratar a Guerra.

Con todo, hoy los parlamentarios socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini (PS), ingresaron un oficio de requerimiento a la Contraloría General para que “se investiguen los contratos del exfiscal regional Oriente, Manuel Guerra, con la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente (AMSZO); la Municipalidad de Providencia; Municipalidad de La Florida y otros.

Manouchehri señaló que dichos trabajos podrían haber sido una retribución por “los gestos que hizo en los casos de impunidad”.

Por su parte, la diputada RN, Camila Flores, declaró que hay que dejar que la justicia determine si en la actuación de Guerra hubo delito o no.

Al respecto se refirió la Municipalidad de La Florida tras ser consultada por La Radio. “A la fecha, este municipio no ha sido notificado por la Contraloría General de la República sobre el requerimiento de información realizado por los diputados señalados”, aseguraron en el escrito.

Agregando que “una vez notificados, este municipio analizará los antecedentes y dará respuesta al organismo fiscalizador, en caso de ser requerido, dentro de los plazos legales que correspondan”.