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El 17° Juzgado Civil de Santiago condenó a un médico traumatólogo y a la Mutual de Seguridad CChC al pago de $50 millones por negligencia en el diagnóstico e intervención quirúrgica de una paciente que sufrió un accidente de trayecto. La mujer quedó con un 30% de incapacidad laboral debido a las complicaciones derivadas de la mala praxis médica. El tribunal confirmó que la mutual y el médico actuaron con negligencia al no detectar a tiempo la rotura de un nervio en la mano izquierda de la afectada, exacerbando su dolor y extendiéndolo al hombro. La resolución establece que la paciente, de 56 años, ha sufrido angustia y afectación emocional por años de tratamientos fallidos, por lo que se determinó una compensación de $50 millones a ser pagada por los demandados en partes iguales.

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El 17° Juzgado Civil de Santiago condenó a un médico traumatólogo y a la Mutual de Seguridad CChC, al pago de $50 millones. Esto en el marco de una negligencia en el diagnóstico e intervención quirúrgica con una paciente que sufrió un accidente de trayecto.

El tribunal confirmó que la Mutual y el médico actuaron con negligencia en el diagnóstico de la lesión y posterior intervención quirúrgica de la mano de izquierda de la mujer afectada. La trabajadora quedó con una incapacidad laboral del 30%.

Los detalles de la resolución contra Mutual y médico negligencia con una trabajadora

El fallo publicado por el Poder Judicial indica que, aunque la paciente mostró mucho dolor tras la operación, los médicos de la Mutual no detectaron a tiempo la rotura de un nervio de su mano izquierda. Esto agravó el síndrome de dolor que ya sufría, volviéndolo crónico y extendiéndolo al hombro izquierdo.

El tribunal desestimó la defensa del médico traumatólogo condenado, ya que consideró que los riesgos eran previsibles y que su falta de diligencia contribuyó al problema.

La paciente firmó un consentimiento informado el 8 de febrero de 2018. No obstante, esto no prueba que recibió toda la información necesaria sobre la operación ni sus riesgos concretos.

La resolución también establece que la demandante, de 56 años, tiene una incapacidad laboral del 30% debido a los dolores que sufrirá de por vida. Además, ha soportado años de tratamientos médicos fallidos, lo que ha generado angustia y afectado su bienestar emocional.

Dado lo traumático y frustrante de su experiencia con el sistema de salud, se determina una compensación de $50 millones, que deberán pagar los demandados en partes iguales.