La Municipalidad de Santiago emitió su informe de respuesta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que solicitaba la modificación del plan regulador para construir un nuevo centro penal en la comuna.
La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, aseveró que “hemos presentado nuestro rechazo categórico a esta propuesta”.
El informe destaca la importancia de respetar los instrumentos de planificación urbana. Principalmente, tras un desarrollo legislativo destinado a dotar legitimidad ciudadana, a los procedimientos que permiten la aprobación de los instrumentos de planificación urbana, fortaleciendo los procesos de participación social y comunitaria.
Por lo tanto, la construcción de un nuevo centro penal en Santiago necesita, precisamente, ignorar el actual plan regulador de la comuna.
Asimismo, el escrito también señala que la solicitud del ministro Cordero está en contra del Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Este último indica que el equipamiento de seguridad destinado a cárceles debe emplazarse fuera del Área Urbana Metropolitana.
Santiago responde al Minvu
De acuerdo al informe, la nueva cárcel mermaría la proyección de conectividad de la ciudad. Ya que eliminaría la proyección de calle Beauchef entre avenida Pedro Montt y avenida Centenario.
Otro punto del informe hace referencia a que, pese a que el ministro Cordero ha insistido en llamar al proyecto una ampliación, siendo, a su juicio, una construcción nueva.
Además, explica que la ley invocada para construcción de un recinto penal es cuestionada por su inconstitucionalidad. Dicha ley fue presentada y votada como ley simple, por lo cual no puede superponerse a atribuciones establecidas en la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Por último, el documento apunta a los negativos impactos urbanísticos, sociales y económicos que tendría esta construcción en la comuna. Explicando que diversos estudios muestran que las cárceles en áreas urbanas densamente pobladas suelen depreciar el valor de las propiedades, sobrecargar los servicios públicos, incrementar la percepción de inseguridad, y agravar las tensiones sociales.
