Los abogados querellantes Catherine Lathrop Rossi, Felipe Solís Cruz e Ignacio Zúñiga Vukusich, en representación de Nova Trade Solutions SpA y otras víctimas, presentaron una apelación ante el Juzgado de Garantía de Santiago. En la instancia, solicitan la revocación de la medida cautelar que sustituyó la prisión preventiva de Rodrigo Topelberg, imputado en la arista Factop, por arresto domiciliario total y arraigo nacional.
El recurso de apelación se interpone luego de la resolución del 30 de agosto de 2023, dictada por la magistrada Carolina Araya Hernández, quien decidió modificar el régimen cautelar de Topelberg. “Interponemos este recurso de apelación en atención a los fundamentos de hecho y de derecho”, señala el libelo de 12 páginas.
Rodrigo Topelberg fue formalizado el 8 de abril de 2024 por la comisión de siete hechos constitutivos de varios delitos, entre ellos estafa calificada reiterada, uso malicioso de instrumento privado mercantil y apropiación indebida.
En esa línea, los querellantes argumentan que los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa se han fortalecido durante el tiempo en que Topelberg estuvo privado de libertad.
“El tribunal dio por acreditado los supuestos materiales del artículo 140 del Código Procesal Penal, decretando su prisión preventiva en abril de 2024”, destaca la apelación.
La defensa de Topelberg había presentado una revisión de la prisión preventiva en agosto. Sin embargo, los querellantes consideran que su liberación representa un peligro para la sociedad.
“Su comportamiento no ha sido colaborativo durante la investigación”, afirma la apelación. “No ha existido una reparación celosa del mal causado, y su libertad pone en riesgo la seguridad de la sociedad”.
Cuestionan colaboración de Topelberg
La apelación también cuestiona la colaboración de Topelberg en el caso, señalando que su participación ha sido insuficiente para justificar una atenuante de responsabilidad. “No existen suficientes argumentos para entender que las circunstancias atenuantes puedan efectivamente configurarse“, sostienen los querellantes.
El documento entregado al tribunal subraya que la gravedad de los delitos y el carácter de organización en los hechos imputados refuerzan la necesidad de mantener la prisión preventiva. “Se ha acreditado la concurrencia de múltiples indicadores establecidos en la ley para considerar que la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad”, agregan.
En vista de los antecedentes y lo estipulado en el artículo 140 del Código Procesal Penal, los querellantes solicitan que se restablezca la medida cautelar original. “Pedimos a la Ilustrísima Corte de Apelaciones que revoque la resolución apelada y ordene nuevamente la prisión preventiva“, concluye el recurso.
