VER RESUMEN

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La defensa de Daniel Jadue pide inhabilitar a tres juezas del caso Farmacias Populares por emitir opinión previa a la causa. Las magistradas son Katherine Román, Paulina Moya y Pamela Muñoz del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago. El abogado Juan Carlos Manríquez busca asegurar imparcialidad en el proceso, argumentando que las juezas ya habrían expresado una postura sobre las medidas cautelares de Jadue. La próxima audiencia de revisión de cautelares está programada para el 2 de septiembre, mientras se discute la solicitud de la defensa para garantizar un juicio justo.

Desarrollado por BioBioChile

Este jueves, la defensa del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, solicitó a la Corte de Apelaciones inhabilitar a tres juezas que habrían emitido una opinión previa a la causa.

De acuerdo a información a la que accedió Radio Bío Bío, se trata de las magistradas Katherine Román, Paulina Moya y Pamela Muñoz, del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.

En concreto, el abogado Juan Carlos Manríquez, busca que sean removidas de la causa contra su representado, que se le imputan delitos de corrupción en el marco del caso Farmacias Populares.

Recordemos que el próximo 2 de septiembre se realizará una nueva audiencia de revisión de cautelares a Daniel Jadue, quien se encuentra en prisión preventiva.

En cuanto a los argumentos de la solicitud, el defensor acusa que “se ha manifestado una opinión previa por las tres magistradas cuya recusación se solicita, sobre el asunto pendiente en autos, y en particular, sobre las medidas cautelares que afectan a mi representado, con pleno conocimiento de la causa”.

En el escrito, Manríquez subraya que “la “imparcialidad” con la que debe actuar el juez requiere una objetividad incuestionable, de tal manera que, al momento de dictar sentencia, no esté influenciado por ningún factor externo que pueda afectar sus decisiones, ni tampoco por decisiones previas”.

“Una de las finalidades de las inhabilidades previstas en nuestra legislación es garantizar que los funcionarios judiciales actúen libres de influencias externas al derecho y a los antecedentes del proceso”, agrega.