La Contraloría General de la República detectó saldos de $78.737.404.844 sin rendir desde el Ministerio de Educación (Mineduc). Este descubrimiento se realiza en el marco de una fiscalización a los traspasos de fondos realizados por la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la región Metropolitana y la Subsecretaría de Educación.
La información se logró recabar mediante el informe N°170, considerando información registrada entre los años 2007 y 2023.
En la auditoría, se detalló que la SEREMI de educación de la RM traspasó un total de $2.888.393.255 entre 2007 y 2023, que no fueron rendidos.
Mientras que en los saldos trasferidos por la Subsecretaría de Educación entre 2016 y 2023, los números ascienden a $75.849.011.589.
De igual manera, también se llevó a cabo el análisis del “proceso de recepción, revisión y restitución” de las rendiciones realizadas por la SEREMI de Educación entre 2007 y 2023.
De tal modo, se constató que 30 beneficiarios rindieron sus gastos, sin registros de su aprobación. Por lo que hay una diferencia de $260.395.800. Misma situación ocurre con la Subsecretaría de Educación, donde la cifra de beneficiarios asciende a 349 beneficiarios y existe una diferencia de rendición de $1.557.765.995.
¿Quiénes son los receptores de los dineros traspasados desde el Mineduc?
Cabe destacar que, según lo consignado por La Tercera, las transferencias fueron realizadas a organismos privados, municipios, entre otros detenidos. Esto en el marco de distintos programas y diversas iniciativas educativas.
Es así como los dineros que detectó Contraloría, no se ha demostrado en qué se utilizó el dinero transferido.
Debido a la complejidad del descubrimiento del ente fiscalizador, se procedió a la apertura de sumarios administrativos. Además de enviar todos los antecedentes recopilados al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Ministerio Público, en el caso de la existencia de algún delito.
En aquel contexto, lo que podría ocurrir que es que el CDE se podría querellar contra los supuestos responsables de las irregularidades detectadas. Además, la Fiscalía comenzará las indagatorias penales correspondientes.
