La Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Fisco a pagar $12.688.000.000 en indemnizaciones a 307 familiares de los 81 internos que fallecieron en el incendio del 8 de diciembre de 2010, en el Centro de Detención Preventiva de San Miguel.
En 2020, el Séptimo Juzgado Civil de Santiago ordenó al Estado pagar más de $3.700 millones por daño moral a las familias de los reos.
Sin embargo, ahora la Corte elevó los montos indemnizatorios fijados como referenciales y mínimos referenciales. Ello, por estimarlos exiguos e insuficientes para resarcir mínimamente los graves menoscabos producidos a las víctimas por rebote.
“Esta Corte mantendrá la clasificación grupal efectuada en el motivo Centésimo Trigésimo Quinto del fallo del tribunal a quo y la categorización de ‘indemnización referencial de grupo’, versus ‘indemnización mínima referencial’, entendiendo que como conclusión de una presunción judicial construida a partir de todas las circunstancias —de público conocimiento— en que fallecieron las víctimas directas del incendio que afectó el 8 de diciembre de 2010 al Centro de Detención Preventiva de San Miguel y que rodearon dicho siniestro”, apunta el fallo.
Y concluye: “Sin perjuicio de todo lo dicho, esta Corte elevará los montos fijados como referenciales y mínimos referenciales en la sentencia que se revisa, por estimarlos exiguos, insuficientes para resarcir mínimamente los graves menoscabos producidos a las víctimas por rebote, a raíz del fallecimiento en crueles condiciones de alguno o más de sus familiares, y alejados de las sumas judicialmente asignadas a este tipo de sufrientes en situaciones similares”.