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La defensa del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, continúa luchando por sacarlo de la cárcel antes de que pierda su cargo debido a un plazo inminente. La jueza rechazó cambiar su prisión preventiva, y se acercan los 45 días en que se podría declarar una incapacidad temporal permitiendo elegir a un alcalde provisorio. A pesar de presentar un recurso de amparo, fue declarado inadmisible e ingresaron un recurso de reposición y una apelación ante la Corte Suprema. La defensa argumenta que la jueza forzó la revisión de medidas cautelares sin conceder tiempo para incorporar nuevos antecedentes, lo que, según ellos, afectó su defensa técnica.

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La defensa del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, sigue en sus intentos de sacar de la cárcel al militante comunista, ante la proximidad del plazo que lo haría perder su cargo.

El pasado 8 de julio, la jueza Pamela Muñoz, del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, rechazó cambiar la prisión preventiva que el jefe comunal cumple en el Anexo Capitán Yáber desde junio pasado.

Jadue está imputado por delitos de corrupción en el caso por eventual fraude al fisco en las farmacias populares.

Este jueves, se cumplen los 45 días que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades considera para que se decrete una incapacidad temporal, lo que faculta al concejo municipal a escoger a un alcalde provisorio.

Ya la defensa de Jadue, liderada por Juan Carlos Manríquez, presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones, pero fue declarado inadmisible.

Por ello, según informó El Mercurio, de inmediato se ingresó un recurso de reposición y, en subsidio, una apelación ante la Corte Suprema.

La defensa de Jadue sostuvo que la jueza Pamela Muñoz forzó la revisión de las medidas cautelares a pesar de que solicitara la postergación de la audiencia para incorporar nuevos antecedentes. La defensa argumenta que este acto generó una ilegalidad que afectó la resolución final.

“¿Cómo es que era posible incluir nuevos antecedentes, si el tribunal no concedió plazo razonable para incorporarlos, habiendo autorizado los peritajes sociales solo el viernes 5 de julio a las cinco de la tarde y que así ingresaran al penal las expertas que los harían?”, se dijo en el escrito.

A raíz de todo esto, “se produce una grave afectación de garantías fundamentales, puesto que sin esas pericias y otras armas procesales con las que contar desde el sábado 6 de julio al lunes 8 de julio de 2024, mediando un domingo, el ejercicio del derecho a una defensa técnica completa en plazo razonable se hizo imposible”.