Daniel Jadue tiene solo ocho días para lograr que se le aplique una medida cautelar menos gravosa. En caso de que se mantenga su prisión preventiva, su cargo como alcalde de Recoleta será declarado vacante y se tendrá que elegir a alguien para reemplazarlo. Por ello, sus abogados activarán una serie de recursos.
“Lo de ayer fue un revés con todas sus letras”, dijo el abogado Juan Carlos Manríquez al ser consultado sobre el resultado obtenido durante la jornada de este lunes después de la audiencia de revisión de medidas cautelares de Jadue (PC). El jefe comunal sigue en prisión preventiva desde el pasado 3 de junio.
Como habían adelantado, esperaban que esa instancia fuera aplazada con el objetivo de de contar con las conclusiones de pericias que, a juicio de ellos, habrían cambiado el escenario de Jadue y, por tanto, la necesidad de cautela que pesa sobre él desde su formalización en el marco del caso Farmacias Populares.
Pero, la jueza Pamela Muñoz descartó aquello y dio curso a la audiencia donde finalmente fue confirmada la prisión preventiva del alcalde de Recoleta.
De acuerdo con La Tercera, los abogados del comunista rápidamente empezaron a crear un contraataque, a pesar de que reconocen que tienen una situación adversa, al menos. En entrevista al diario, Manríquez afirmó que tienen “un estrecho margen judicial” para lograr la liberación de Jadue de la prisión preventiva.
Batería de recursos para defender a Jadue
La defensa del alcalde alistó varios recursos que presentarán durante la tarde de este martes. Según antecedentes recabados por La Tercera, ingresarán un recurso de apelación respecto de la resolución del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago que mantuvo la prisión preventiva. A eso sumarán un recurso de amparo.
La razón sería porque consideran que la audiencia ocurrida ayer es nula al haberse vulnerado el derecho de Daniel Jadue a la legítima defensa. La defensa del jefe comunal estima que cuestiones administrativas primaron por sobre los derechos fundamentales de Jadue, privándolo de la opción de contar con herramientas que le permitieran argumentar la solicitud de rebajas de medidas cautelas.
“Se vulneró el debido proceso y se nos dejó en condiciones de desigualdad. Aquello fue completamente inconstitucional (…) No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo igualdad de armas y en debido proceso”, comentó Manríquez.
Además, agregó que el tribunal no puede posicionar “lo administrativo por sobre las razones de fondo (…) Cuando se nos niega aplazar la audiencia y obliga a debatir en esas condiciones, lo
se hace es que el proceso se vicie. Nosotros pedimos debatir en condiciones de igualdad, queremos que esto se discuta en un tribunal imparcial y que tenga el tiempo, esto no se hace apuradito”.
Inaplicabilidad por inconstitucionalidad
Junto con anterior, la defensa de Daniel Jadue, que también es integrada por el abogado Ramón Sepúlveda, ingresará un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
Para eso, ya fue solicitado los certificados correspondientes al tribunal y, como ya adelantaron, tendrá relación con las normas que producirían que el alcalde pierda su puesto en la Municipalidad de Recoleta.
Manriquez ha sostenido que la pérdida de derechos políticos debería ser la consecuencia de todo un proceso penal y no una manera de garantizar en medio del mismo, como lo sería que el alcalde sea cesado en el cargo por el hecho de estar más de 45 días en prisión preventiva.
Adicionalmente, según La Tercera, los abogados estarían haciendo una evaluación de la interposición de un recurso de queja en contra de la jueza Pamela Muñoz, por estimar que no actuó bajo los parámetros que el cargo le exige.
De acuerdo con conocedores de la arremetida, las virtudes de un juez incluyen actuar con distancia, mesura, ponderación y prudencia, según lo establecido por el Código Iberoamericano de Ética Judicial, y Muñoz, para la defensa, no habría dado prueba de esas características durante la audiencia de revisión de cautelares.
