Apoderados del Colegio Saint George denunciaron que las adolescentes víctimas del uso de inteligencia artificial siguen asistiendo a clases con los autores. Se trata de escolares que, utilizando “deepfake”, pusieron el rostro de niñas en cuerpos de mujeres desnudas.
Recordemos que los padres interpusieron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, por este incidente ocurrido en febrero. El episodio afectó a siete menores de entre 15 y 16 años, cuyas imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y chats escolares.
Las adolescentes fueron objeto de burlas y comentarios denigrantes. Y si bien algunos consideraron el hecho como una broma, este podría constituir un delito, por lo que la Fiscalía Oriente abrió una investigación de oficio.
Convivencia con los responsables
El 29 de febrero pasado comenzaron a circular las imágenes falsas de las alumnas del Colegio Saint George. Días después, los apoderados solicitaron una reunión con el colegio, que inició una investigación interna.
El 8 de marzo, las alumnas afectadas enviaron una carta a la comunidad escolar aclarando que las fotos eran trucadas.
“Fuimos vulneradas, nos faltaron el respeto y se rieron a nuestras espaldas”, expresaron, según informó Mega.
Pese a las sanciones iniciales, que incluían la cancelación de la matrícula para dos de los responsables, la apelación de sus padres logró reducir el castigo a una condición de comportamiento.
Esta decisión obligó a las víctimas a seguir compartiendo clases con los creadores de las imágenes. “Toda reparación psicológica necesita un distanciamiento y el colegio nunca le tomó el peso a la gravedad del tema”, denunció una apoderada al citado canal, señalando que las afectadas están en terapia psicológica y sufren ataques de pánico.
Acciones legales y respuesta institucional
Desde el 24 de mayo, el Ministerio Público inició una investigación de oficio por trato degradante contra menores y producción, difusión y almacenamiento de pornografía infantil.
El Colegio Saint George no denunció el hecho a los tribunales, argumentando que no lo consideraron delito. Marggie Muñoz, jefa de la División de Protección de Derechos Educacionales de la Superintendencia de Educación, afirmó que tenían la obligación de hacerlo para que la Fiscalía investigue.
Ante la postura del colegio, la Superintendencia de Educación inició un proceso administrativo sancionatorio por incumplimientos a la normativa educacional. Paralelamente, la Fiscalía sigue investigando el caso para determinar si constituye un delito.