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La justicia decretó prisión preventiva contra una mujer colombiana vinculada al secuestro con homicidio de un hombre de la misma nacionalidad, con quien se reunió en un motel del centro de Santiago, antes de ser capturado por el resto de la banda. Los criminales solicitaron un millón de pesos a sus familiares, quienes pagaron el rescate. Sin embargo, la víctima igualmente fue asesinada a balazos, en un sitio eriazo, en la Ruta 78.

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El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva contra una mujer colombiana implicada en el secuestro con homicidio de un hombre de la misma nacionalidad, ocurrido el pasado 6 de junio en Santiago.

Según expuso la Fiscalía, ese día la víctima, de 33 años, salió de su domicilio para reunirse con la imputada, de la misma edad, en un motel del centro de la capital.

Mientras se realizaba el encuentro, distintos vehículos se encontraban en las afueras del recinto, esperando al hombre. Cuando éste sale del motel, es secuestrado y trasladado a la comuna de Talagante.

La banda criminal, junto a la imputada, comenzaron a realizar llamados extorsivos a su círculo cercano, solicitando un millón de pesos a cambio de su liberación.

Los familiares decidieron aceptar la petición. Posteriormente, un hermano de la víctima se reunió con dos personas, quienes llegaron en motocicletas para recoger el dinero.

Sin embargo, aunque el rescate fue pagado, los criminales llevaron al hombre a un sitio eriazo, en la Ruta 78, y lo acribillaron con múltiples disparos.

“Pese a que se pidió un rescate, el cual se pagó, finalmente los secuestradores terminaron ejecutando a esta persona”, señaló el fiscal del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Jorge Cáceres.

El persecutor anunció que “próximamente vamos a seguir formalizando a otros imputados que están identificados ya en la causa”.

Además, señaló que “estos hechos son similares a otras situaciones ocurridas en la región Metropolitana, por lo tanto, nosotros por ahora no descartamos que tengan relación con otros secuestros extorsivos cometidos en nuestro país”.

El Ministerio Público tendrá un plazo de 200 días para realizar la investigación, periodo en el que la imputada estará privada de libertad en la cárcel de San Miguel.