Luego de tres maratónicas jornadas de formalización, esta mañana se conocerán las medidas cautelares con las que quedará el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), por los cinco delitos de corrupción imputados en su contra. La Fiscalía Centro Norte pide su prisión preventiva.

El expresidente de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp) insistió en estar tranquilo. La investigación la califica como carente de pruebas y cargada de prejuicios, criticando a las instituciones que intervienen en nuestro sistema judicial.

Será la jueza del Tercer Juzgado de Garantía, Paulina Moya, la que determine las medidas cautelares con las que quedará el militante del Partido Comunista.

Pero no es tan solo el alcalde Jadue quien está a la espera de saber si quedará tras las rejas mientras continúa la investigación del Ministerio Público.

Al exprecandidato presidencial se le suma José Matías Muñoz, exsecretario ejecutivo de Achifarp y apuntado como mano derecha de Daniel Jadue. A él se le imputan casi los mismos delitos, con diferencia de que a Muñoz se le incluye malversación de caudales públicos y lavado de activos. Al igual que el alcalde, es considerado un peligro para la sociedad.

Al jefe comunal se le imputan los delitos de administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal, y también de fraude al fisco en calidad de reiterados, basados en los hechos detallados por la persecutora Centro Norte, Giovanna Herrera.

Sin embargo, a pesar de los antecedentes y pruebas expuestas por los fiscales, Jadue aseguró estar tranquilo. Ayer participó en “La Furia del Libro”, presentando el libro “Disputar el pasado para construir el futuro”, una actividad en la que nuevamente lanzó sus dardos al ente persecutor.

Las irregularidades investigadas

La Fiscalía ha descrito en sus intervenciones diversos convenios que fueron financiados con recursos de la Municipalidad de Recoleta. Entre ellos los más de $200 millones que serían destinados para fabricar 180 mil dosis del medicamento Interferón para el tratamiento de la covid-19.

Dicha tarea fue encomendada a la Universidad de Concepción, a pesar de saber que el ISP no lo había autorizado. Además, solo fueron pagados $25 millones.

A estos se le suman también los millonarios pagos por prótesis auditivas, la compra de glucómetros y tiras reactivas, que incluso terminaron por vencer en las bodegas municipales sin que fuesen entregados a los vecinos, y siendo botados en un vertedero según las pruebas de la Fiscalía, hechos que, entre muchos otros, justificarían la solicitud de prisión preventiva.

Ante esta solicitud, Jadue aseguró tener la fuerza para soportar la medida privativa de libertad como un “sacrificio” en pos de la construcción de un proyecto popular.

Apoyo comunista

Ha sido así durante todas las jornadas anteriores en las que se ha desarrollado la formalización del caso Farmacias Populares. Decenas de adherentes y militantes del Partido Comunista llegaron hasta el frontis del Centro de Justicia de Santiago para manifestar su apoyo al jefe comunal.

Dicho apoyo también se ha traducido en confrontaciones con el trabajo de la prensa, que incluso han dejado a algunos periodistas con lesiones menores.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, calificó los hechos como un bochorno del que no se hace responsable la tienda política. Además, expresó su esperanza a favor de que Jadue quede con cautelares no privativas de su libertad.

Las defensas

Durante la formalización, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, aseguró que Jadue “infringiendo las obligaciones legales de dirección, administración y supervigilancia del funcionamiento municipal y especialmente de resguardo de los fondos encomendados para el desempeño del municipio, y concertado con el imputado José Matías Muñoz Becerra y los funcionarios municipales María Eugenia Chadwick Sendra y Eduardo Carmelo Sendra Arratia, realizaron diversas operaciones para defraudar a la Municipalidad de Recoleta, aprovechándose de la participación del municipio como asociado en la Achifarp”.

El abogado defensor del alcalde, Ramón Sepúlveda, señaló que la Fiscalía no presentó las pruebas suficientes que acrediten la comisión de los delitos imputados en contra de su representado.

En la otra vereda, los querellantes de la causa, al igual que la Fiscalía, se encuentran solicitando la prisión preventiva del expresidente de Achifarp.

El consejero del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell, abordó las líneas argumentales que han esgrimido desde la defensa de los imputados, que han desconocido su participación en la administración de los recursos de Achifarp.

También habló el abogado que representa la querella de Best Quality SpA, Mario Vargas. Él sostuvo que la defensa de Jadue, eque delegó la responsabilidad administrativa de Achifarp en el resto del directorio, no tiene asidero en las pruebas contenidas en la carpeta investigativa.

El tribunal puede efectivamente acoger la prisión preventiva, como también puede determinar otras cautelares menos gravosas.