Un terremoto político generó la decisión de la jueza Paulina Moya, titular del Tercer Tribunal de Garantía de Santiago, que dejó en prisión preventiva al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).
El jefe comunal, investigado por su gestión como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), fue investigado por delitos de corrupción.
Jadue fue formalizado por los delitos de administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco, por lo que la Fiscalía Centro Norte pidió su prisión preventiva.
Lo mismo corrió para otro imputado, José Matías Muñoz, exsecretario ejecutivo de Achifarp. Quien sería la otrora mano derecha de Jadue, se le imputan ilícitos similares, más malversación de caudales públicos y lavado de activos.
Para determinar su prisión preventiva, la jueza Moya señaló que “tomó en cuenta la gravedad de la pena asociada a los delitos”. Varios de ellos tienen como pena máxima 15 años de cárcel.
También consideró que “gran parte de los delitos que han sido formalizados, son delitos que se denominan delitos funcionarios, cuyos bienes jurídicos asociados buscan mantener la integridad y honestidad en el ejercicio de las funciones pública”.
Por ello, determinó que “las medidas cautelares de menor intensidad (…) son insuficientes para asegurar la finalidad del procedimiento, la seguridad de la sociedad y de la víctima, Municipalidad de Recoleta”.
Argumento clave de la jueza contra Daniel Jadue
Sobre ese mismo punto, hizo hincapié que Jadue, como alcalde en ejercicio hasta fines de este año, tiene un rol directo en la gestión financiera del municipio.
“El imputado Jadue se encuentra en funciones en su cargo de alcalde en la comuna de Recoleta, y esta posición implica una relación directa y esencial con la administración recursos”, argumentó.
Ante eso, señaló, “no se puede pasar por alto el riesgo que genera su permanencia en el cargo para el patrimonio de la comuna, entendiendo que esto podría incluso configurar un peligro de reiteración”.
Si Jadue y Muñoz llegan a ser condenados, no tendrían posibilidad de penas sustitutivas. O sea, tendrían que cumplirlas efectivamente tras las rejas.
Moya agregó que, considerando todo lo expuesto, la libertad de ambos imputados “resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad”.
De este modo, los dos fueron enviados a prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber.