Ante el Tercer Juzgado Garantía de Santiago se desarrolló la segunda jornada de la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), acusado de corrupción. La cual continuará este viernes.
En específico, se le acusa de los delitos de fraude al fisco, cohecho, administración desleal, estafa y un delito concursal.
La Fiscalía Centro Norte apunta a que la Municipalidad de Recoleta habría sido utilizada para servir como “caja pagadora” de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), de la que Jadue era presidente.
Mira lo que fue esta jornada de formalización:
De este modo, se expresaba una aparente liquidez para intentar ocultar el real estado financiero de la asociación, evitando así consecuencias judiciales, civiles y penales.
Para Jadue se solicitó la prisión preventiva por ser considerado un peligro para la sociedad, al igual que otro de los imputados.
Él es José Muñoz Becerra, exsecretario Ejecutivo de la Achifarp. Él está imputado por los mismos ilícitos que Jadue, con la diferencia de que se le suma el delito de lavado de activos.
También se formaliza a Eduardo Sendra Arratia, médico pediatra y funcionario municipal que milita en el PC, imputado también por delitos reiterados de fraude al fisco. Contra él se pide arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
”Evitar ser expuesto como un gestor ineficiente”
Durante la audiencia de este jueves, la fiscal Centro Norte, Giovanna Herrera, señaló que estos hechos se dieron en 2021, cuando Jadue se encumbraba como precandidato presidencial PC.
A su juicio, todo el accionar de Jadue en los delitos acusados buscaba “evitar ser expuesto como un gestor ineficiente”. Además, se realizaban diversos actos que tenían intenciones de campaña.
“Estamos en presencia de un complejo delictivo… defraudando distintas víctimas”, añadió.
Por lo mismo, dijo Herrera, se pide prisión preventiva, ya que además se arriesgan penas de cárcel efectivas, tanto Jadue como para José Muñoz. Solo el jefe comunal arriesga 15 años de cárcel.
Interferón
Herrera también detalló que el alcalde habría solicitado más de $200 millones al concejo municipal de Recoleta para la compra de un medicamento contra la covid-19, llamado interferon.
Esto no había sido aprobado por el Instituto de Salud Pública; sin embargo, dicho dinero fue a parar a las arcas de la Achifarp para el pago de deudas. Por ende, para la Fiscalía, engañó al concejo.
Al respecto, relató una conversación con Daniel Moraga, de la Achifarp, respecto de este medicamento que iba a ser confeccionado por la Universidad de Concepción, que no recibió el pago.
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Exposición de querellantes
Tras la exposición de la Fiscalía, comenzaron a hablar los abogados de todos los querellantes. Uno de ellos fue Mario Vargas, abogado de la empresa Best Quality, que acusa haber sido defraudada por Jadue respecto de la compra de elementos médicos en pandemia.
Él señaló que en la formalización quedó en evidencia que Jadue abusó de la buena fe y la confianza de la ciudadanía, malgastando recursos públicos.
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Añadió que sus representados fueron defraudados en cerca de $1.200 millones.
La defensa
En el turno de la defensa de Daniel Jadue, el abogado Ramón Sepúlveda acusó que habría “sesgo investigativo” por parte de la fiscalía Metropolitana Centro Norte.
En concreto, cuestionó que se haya considerado las acusaciones de una “empresa corrupta e inescrupulosa”, apuntando a la venta de mascarillas a alto valor.
Asimismo, aseguró que “la fiscalía ha hecho una lectura parcial y antojadiza de documentos que son oficiales. Uno en un juicio oral no puede presentar un PowerPoint recortando partes de informes policiales. Y no se puede, justamente, porque el tribunal tiene que percibir los antecedentes directamente”.