La PDI y la Fiscalía Occidente dieron a conocer este lunes los resultados de la “Operación Miami”, indagación que culminó con cinco detenidos. Ellos están acusados de pertenecer a una asociación ilícita que generó operaciones fraudulentas por más de $11 mil millones.
Los aprehendidos están imputados de los delitos de asociación ilícita, contrabando, declaración maliciosa en la exportación, delitos tributarios y delito de lavado de activos.
La indagatoria se inició en 2022 y es liderada por el fiscal jefe de la Fiscalía de Pudahuel, Eduardo Baeza, tras 4 querellas del Servicio Nacional de Aduanas.
En ellas se denunciaba la circulación reiterada de mercancías, mediante importaciones y exportaciones fraudulentas por más de $ 11 mil millones.
Esto se detectó un año antes por parte del Subdepartamento de Análisis de Riesgo de la Aduana Metropolitana, mientras analizaba documentos de transacciones de importación y exportación de empresas vinculadas entre ellas, tramitadas desde noviembre del 2017 en adelante.
La indagatoria determinó que dichas sociedades realizaron 214 importaciones y 45 exportaciones de mercancías, sobrevalorando estas últimas para así obtener fraudulentamente el beneficio fiscal de devolución de IVA exportador. Esto, entre mayo de 2018 a marzo de 2022, alcanzó la suma de más de $2.745 millones.
Fue así como la PDI detuvo a cinco personas en diversos allanamientos, sumándose dos ciudadanos venezolanos que ya estaban en prisión preventiva y cuyas fianzas se fijaron en más de $680 millones.
Además, se incautó 2.800 dólares y casi $1,4 millones en efectivo, 37 vehículos en diferentes condiciones, nueve inmuebles con medidas cautelares y 136 cuentas bancarias para ser congeladas, además de la bodega donde se guardaban los teléfonos para cometer los delitos.
El jefe nacional contra el Crimen Organizado de la PDI, prefecto inspector Mauro Mercado, señaló que “hasta el momento se han incautado distintos elementos con un total de más de $1.500 millones, entre esos vehículos de alta gama y también cuentas bancarias que se van a poder congelar en el transcurso de este proceso investigativo”.
Fiscal explica delito
Por su parte, el fiscal Jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, explicó el delito del cual se le acusa a los imputados.
“Lo más grave, creo yo, de las imputaciones que se hizo a esta organización, es un delito tributario que consiste en la devolución de IVA exportador. ¿Qué significa eso? Significa que estas organizaciones no solo no pagaban los impuestos que debían pagar, sino que aún más grave, lo que ocurría es que ellos, al fingir a través de este mecanismo que exportaban sobrevalorando las mercancías, ocurría que había que devolver por parte del fisco de Chile el IVA exportador asociado a esa supuesta venta”, explicó.
Agregó que, “en consecuencia, salía dinero del bolsillo de todos los chilenos que era entregado a las cuentas corrientes de ellos. Y eso es particularmente grave”.
“La mecánica que utilizaba esta organización es bastante simple. Fingían exportar o sobrevalorar envío de mercancías a Estados Unidos a empresas que estaban relacionadas con ellos. De hecho, a la empresa que principalmente le enviaban en especies a Estados Unidos era del mismo imputado que se encontraba en Chile y, posteriormente, esta misma empresa o una ligada a él, devolvía las especies a Chile, esta vez a bajo precio. O sea, las enviaba en un altísimo precio, sobrevaloradas, las reingresaban a bajo precio. Y la diferencia que se generaba de eso de IVA es lo que les explicaba al principio, que tenía que salir de los bolsillos de todos los chilenos y entregárselo a sus cuentas corrientes”, añadió.
Ante todo esto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que “aquí había un grupo de personas que se asociaron para cometer delitos tributarios, para cometer delitos aduaneros y para hacer lavado de activos Le metían la mano al bolsillo al Estado, a los tributos de los chilenos para llevárselo al bolsillo de ellos. Eso solo es posible desarticular, como ustedes ven, con un trabajo de colaboración entre las instituciones”.
De los siete imputados, seis quedaron en calidad de prisión preventiva. Los cabecillas son dos chilenos y el resto son ciudadanos venezolanos.
