El exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, se encuentra en medio del juicio por una segunda causa en que la Fiscalía lo indaga por apremios ilegítimos. El comandante (R) enfrenta dos investigaciones que están a cargo de la fiscal Ximena Chong. La más conocida es la que se le acusa de herir a Gustavo Gatica en los ojos. La otra es por disparar al rostro de un joven.
La defensa de Crespo descarta la comisión de ilícitos por parte de su representado, pero además, esta semana tuvo inicio una arremetida judicial en que las pesquisas de uno de los peritos del equipo de Chong es cuestionada, en varias causas en que se investigan apremios ilegítimos cometidos por personal de Carabineros durante el estallido social.
La respuesta de Crespo se empezó el día 14 de mayo ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, donde interpuso una querella por falsificación en contra del efectivo de la PDI, Cristián Lizama. El oficial forma parte de la Brigada de Derechos Humanos de la policía uniformada, la cual recibe gran parte de las órdenes de investigar por parte de Chong en casos como el de Gatica, Fabíola Campillai, Sebastián Zamora, entre otras.
De acuerdo con el diario La Tercera, en el documento -patrocinado por el embargador Pdro Orthusteguy- “el abogado defensor Mauricio Bascur descubrió fortuitamente que en varios registros policiales las firmas del querellado Cristián Lizama Loyola eran muy diferentes entre sí y eran diferentes a una firma indubitada del querellado”, en diferentes informes policiales.
Con la finalidad de confirmar pericialmente que las firmas relacionadas con los informes redactados por el detective, la defensa de Crespo encargó una pericia caligráfica al perito judicial Miguel Ángel Bautista Paredes, a quien, según la querella, “evacuó un informe final el 13 de mayo de 2024 confirmando que, a lo menos, en los siguientes registros la firma que aparece sobre su nombre no corresponde a Cristián Lizama Loyola”.
Las firmas totalizan nueve y ellas acusan que no corresponden al detective, en específico a cinco informes policiales, y a cuatro declaraciones judiciales. “En base a las diligencias e informes suscritos, supuestamente, por dicho funcionario público, el Ministerio Público formalizó y acusó a mi representado por los delitos de apremios ilegítimos, detención ilegal y obstrucción a la investigación, que lo mantienen actualmente en juicio oral”, afirma Orthusteguy en la querella.
Trabajos de peritaje
En el informe pericial adjuntado por la defensa de Crespo en la investigación, fueron analizados los términos gráficos más relevantes de todos los informes y declaraciones.
Además, se analizó todas las huellas con el objetivo de acreditar la veracidad o no del documento y obtener evidencia si la firma ingresada corresponde a Lizama, determinando rasgo de variabilidad normal de sus huellas.
Según el documento firmado por el perito Miguel Ángel Bautista -analista privado- se puede concluir que “las firmas dubitadas, presentan grafismos, algunos de ellos identificables, mayormente legibles, y poseen un grado de complejidad mediano” y “las firmas cuestionadas no tienen la misma cantidad de segmentaciones, difieren en su longitud”.
Pero, Bautista advierte que “es importante destacar que el presente trabajo se realizó con copias y no originales, esto último si bien no dificulta el resultado de la pericia dado que las diferencias son determinantes y muy evidentes, es recomendable contar con los originales para la realización de un nuevo informe”.
Aunque haya ocurrido esta advertencia, se concluye que “dichas firmas realizadas en los documentos recién individualizados NO pertenecen a don Cristian Andrés Lizama Loyola”.
Tras la análisis de los antecedentes por el tribunal, la querella fue acogida a trámite, lo que significa que desde lo formal cumplía con los requisitos legales para ser conocida por el Ministerio Público y, por esta razón, el 16 de mayo se derivaron los antecedentes a la Fiscalía para que comenzara una investigación.
A partir de ahora, será el ente persecutor que determinará si las firmas fueron adulteradas y si eso influyó o no en las causas en que se adjuntaron los informes.