Siguen las acciones judiciales contra la Fundación Procultura, que es investigada en el marco del denominado ‘caso líos de platas’ por supuesto uso irregular de fondos públicos. Después de enfrentar demandas de sus extrabajadores, allanamientos, un proceso de cierre y otras arremetidas en tribunales, el Gobierno de la Región Metropolitana, que tiene Claudio Orrego en su comando, interpuso una querella contra la entidad fundada por Alberto Larrain e Ilonka Csillago en 2009, por la no restitución de más de mil millones de pesos.
De acuerdo con el escrito presentado ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, tuvo acceso, la acción es dirigida en contra de ProCultura y su representante legal, María Constanza Gómez, por apropiación indebida.
Se argumenta que, a pesar de que terminaron anticipadamente un convenio suscrito con la ONG para proyectos de salud mental y fueron liquidados los mismos, la entidad no devolvió los montos que estaban comprometidos, afectando directamente las arcas del GORE.
“Habiéndose exigido los montos entregados a los querellados y no habiéndose restituido los mismos, luego de la liquidación del convenio señalado se ha podido establecer un perjuicio ascendiente a la suma de $1.015.283.548, todo ello más reajustes e intereses, por concepto de los dineros apropiados y distraídos por los querellados”, dice el documento.
En el mismo sentido, establecieron que en el marco de la ejecución del proyecto que tenía como fundamento la prevención del suicidio, ProCultura incumplió las bases, “no poniendo a disposición del GORE Metropolitano las cartolas de las cuentas bancarias que debían contener los fondos públicos transferidos, todo lo cual significó el término anticipado del contrato y la exigencia de inmediata restitución de los dineros entregados y no rendidos”.
A pesar de ello, según la querella, el dinero nunca retornó al organismo.
Sin respuestas
Aunque en el marco de la suscripción del convenio en cuestión ProCultura había entregado al GORE “una garantía de fiel cumplimiento de contratos públicos”, cuando estalló el caso y se decidió poner un fin anticipado al contrato por no cumplimiento, la fundación no respondió más.
En noviembre de 2023, les solicitaron que entregaran estados de cuenta con el objetivo de verificar que mantenían los montos que se les habían transferido antes, pero cumplido el plazo, no hubo respuesta y se decidió finalizar el convenio e indicar el proceso para que el dinero fuera recuperado.
“A través de la Resolución Exenta Nº 36, de fecha 9 de enero de 2024, se aprobó la liquidación del convenio de transferencia suscrito, en el que se fijó que el perjuicio patrimonial realizado por la querellada corresponde a la suma de $1.015.283.548, dineros que no han sido devueltos por la Fundación ProCultura a esta Gobernación Regional Metropolitana”, enfatiza el Gobierno de la Región Metropolitana.
Igualmente, aquello incumple lo que está dispuesto en el convenio en cuestión. Este establecía que “a entidad receptora acepta y se compromete a restituir inmediatamente al Gobierno Regional los recursos públicos que se le requieran y que hubieren sido transferidos en razón de este convenio cuando una resolución dictada por el Gobierno Regional así lo establezca por término anticipado, por gastos rechazados o por otra razón fundada”.
Otra demanda
El GORE también solicitó que se tenga presente su intención de “demandar civilmente a los querellados, solicitando oportunamente las indemnizaciones que en tal momento nos parezcan adecuadas”.
Para ello, y considerando que esa acción todavía está en preparación, se solicitó que el Ministerio Público pueda realizar varias diligencias.
Además, solicitaron que los Conservadores de Bienes Raíces y Comercio de Santiago y de San Miguel, sean oficiados con la finalidad de que informen inscripciones de inmuebles a nombre de los querellados, remitiendo los antecedentes respectivos; que se despache una orden de investigar a la PDI para que se efectúe un levantamiento patrimonial de los querellados, incluso de bienes muebles o inmuebles; y que el Registro Civil también sea oficiado para que se informen, a partir del RUT de los querellados, las inscripciones vigentes de vehículos motorizados que posean.
