Un reportaje reveló que dos detectives de Policía de Investigaciones (PDI) integraban una célula del Tren de Aragua que operaría delitos de comercio sexual en la Plaza de Armas, en Santiago Centro.
De acuerdo a la investigación de Mega, fue en medio de la detención de una adolescente venezolana en noviembre de 2022, que se develó la vinculación de ambos policías con dicha organización criminal.
Lo anterior, luego de que se interviniera el celular de Yariel Ulloa López, un ciudadano cubano que cumplía el rol de captar a adolescentes y mujeres para ejercer explotación sexual.
“¿A dónde la van a dejar?”
En ese teléfono se habría encontrado el contacto con los funcionarios para saber la ubicación de la menor de edad detenida. “Se la llevó la policía, ¿a dónde la van a dejar?”, preguntó el extranjero, según el medio citado.
Se trataría de Nicolás Ortega Castro y Sebastián Peredo Vera, exfuncionarios del Departamento de Policía Internacional Aeropuerto y la Brigada de Robos Oriente.
Estos últimos, junto al ciudadano cubano y Aura Acosta Villalobos, colombiana que tenía una peluquería para lavar los ingresos de la trata de personas, resultaron detenidos el pasado 15 de marzo.
Al otro día, la fiscal Carolina Suazo, de la fiscalía Centro Norte, les imputó cinco delitos: asociación ilícita, trata de personas, lavado de dinero, cohecho y soborno.
Y la investigación habría arrojado que la organización estaba compuesta por 13 personas, de las que algunas estaban en prisión y otros mantenían órdenes de detención vigente.
Según explicó la fiscal al medio citado, las víctimas habrían contado que funcionarios PDI tenían contacto con la banda transnacional.
“Manifestaron que dentro de la PDI había funcionarios que entregaban información al Tren de Aragua, eso lo que dijeron en forma textual y a propósito de eso es que se inicia una serie de diligencias vinculadas con aquella información”, detalló.
Intercepción telefónica
Agregando que “paralelamente también se obtienen antecedentes, producto de una interceptación telefónica que es desarrollada en otra causa”.
En la que “uno de los tratantes se comunica con un imputado haciendo referencia a información que se solicita a uno de los funcionarios públicos involucrados”. Lo que permitió establecer la vinculación.
Los cuatro imputados se mantienen en prisión preventiva. Mientras que los dos PDI fueron desvinculados de la policía civil “por la gravedad de los hechos”, señaló esta misma en un comunicado.
La investigación de la Fiscalía Centro Norte ha acreditado que desde octubre de 2021 hasta marzo de 2024, los involucrados respondían a Yariel Ulloa.
Quien a su vez respondía a Lewis Ponce Ortiz, venezolano y líder de la célula. Advirtiendo procedimientos policiales, lugares donde se encontraban las víctimas e información sensible del sistema PDI.
Cabe mencionar que los funcionarios recibirían dinero, especies y transferencias a cambio de “sus servicios”.