A eso de las 14 de la tarde, funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi), confirmaron la fiscalización de 450 ataúdes en el Cementerio General de Santiago que llevan abandonados ochos meses y que debieron ser incinerados, pero que se encuentran acumulados en las afueras de la oficina donde efectúan labor al menos cuatro funcionarios encargados de exhumaciones en los patios del recinto.

De acuerdo a una denuncia realizada ayer a eso de las 9:30 de la mañana, que interpuso ante la Contraloría General de la República y la Seremi, por Luis Yévenes -trabajador del Cementerio-, las urnas pertenecen a personas “que fueron cremadas”, pero que debido a que la máquina compactadora -que realiza el trabajo- lleva ochos meses averiada, los cajones aun no han sido destruidos.

“Señora Dorothy Pérez Gutiérrez, Contralora General (S), quien suscribe, Luis Yévenes Cepeda, trabajador del Cementerio General de Santiago, con contrato vigente, vengo a denunciar a mi empleador, Municipalidad de Recoleta, representada por el Alcalde Daniel Jadue Jadue”, dicen parte del documento presentado.

De acuerdo a Yévenes, el hecho fue reportado a la Administración del Cementerio, pero pese a que dicen haber expuesto el problema, “aun nos dan una solución”.

¿Qué dice la legislación?

Los hechos expuestos representan -de acuerdo al denunciante-, un “incumplimiento del Artículo N°184 del Código del Trabajo”. La normativa establece que “las empresas o entidades deberán implantar todas las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que les prescriban directamente el Servicio Nacional de Salud o el organismo administrador a que se encuentren afectas, el que deberá indicarlas de acuerdo con las normas y reglamentaciones vigentes.”, en este caso el Cementerio o la Dirección dependiente de la Municipalidad.

También, vulneraría los Artículos N°3, 32, 33, 37 del Decreto Supremo N°594, sobre condiciones sanitarias y ambientales de trabajo, ya que “las causas de muerte de las personas que ocuparon las urnas son por Covid-19, enfermedades infectocontagiosas y muerte natural”, plantea Yévenes. Asimismo, agrega que las “urnas están contaminadas con agentes biológicos tales como bacterias y virus”.

A escasos metros, donde yacen los cajones, “se encuentran trabajadores que por la naturaleza de su trabajo se tiene que cambiar ropa y asean en esas dependencias, lo cual significa un grave riesgo para su salud”, denunció el funcionario.

“No afecta la salud de nadie”

Raschid Saud, actual director del Cementerio General, antes de ser consultado por La Radio, desconocía la existencia de la denuncia. Aseguró que “no es efectivo lo que dice el denunciante”, ya que los ataúdes se acumulan en el patio sanitario hace “60 años”, el cual está diseñado para albergar desechos, ropa y ataúdes. Esto, pese a que Luis Yévenes declaró a Bío Bío que la mayoría de los cajones se encuentran en el “Horno N°3 donde trabajan los exhumadores”.

“No es extraño que en el patio se dejen desechos sanitarios, mientras los trituramos y van al botadero. Ahora ropa y ataúdes, ya no tenemos desde hace tiempo, así que solamente hay ataúdes”, explicó Saud. Frente a la situación, dice que “no afecta a la salud de nadie y no hay nada extraordinario, porque los funcionarios no trabajan ahí”.

El director detalla, que el arreglo a la máquina trituradora se hará la próxima semana, “Mira hay una cantidad mayor, porque la máquina está mala. Pero, estamos en el proceso de arreglarla”.

Sobre los dichos Yevenes, sobre que la administración “no ha hecho nada”, Saud dice que es falso y ya tomaron medidas en el asunto.

Y es cierto, previo a la publicación de este reportaje, fuentes del cementerio aseguraron que los cajones fueron removidos, pero de momento no han sido destruidos.