Es un secreto a voces que al interior de los recintos penales del país un número no menor de internos cuentan con teléfonos celulares, vulnerando la normativa penitenciaria. De hecho, cifras de Gendarmería revelan que solo en 2023 se incautaron 26 mil dispositivos electrónicos. En 2022, en tanto, la cifra superó los 30 mil, y el 2021, bordeó los 28 mil.
Un problema que volvió a quedar al descubierto en el acta que el juez del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, Fernando Guzmán, elaboró tras su última visita a la cárcel de Santiago 1, ubicada a un costado del Centro de Justicia.
Según el documento, al que tuvo acceso La Radio, el magistrado consignó que “a pesar de la reforma legal que castiga penalmente la tenencia de los teléfonos móviles, se nos informa que no ha disminuido la incautación de dichos objetos”.
En este mismo, se mencionó un anuncio que en 2023 hizo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, respecto al sistema de inhibidores de señales al interior de los recintos penitenciarios y que debería estar operativo en el mes de marzo.
La jefa del Departamento de Tecnovigilancia y Radiocomunicaciones de Gendarmería, el coronel Atenea Crisosto entregó más detalles de la implementación de este sistema, a Radio Bío Bío.
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Consideran nueve centros penitenciarios
Además, adelantó que se encuentra en proceso la elaboración de las bases técnicas y administrativas para la contratación de un servicio integral de telefonía para otros 9 establecimientos carcelarios. El cual contempla bloqueo de telefonía celular y acceso a telefonía pública para personas privadas de libertad.
Las unidades penales involucradas en el proyecto están ubicadas en Arica, Copiapó, Colina, Puente Alto, Valparaíso, Temuco, Valdivia y Puerto Montt.
Según fuentes de La Radio, el contrato con la empresa responsable establece que a mediados de marzo sería la fecha tentativa de entrada en operación del servicio integral de bloqueo de dispositivos de telefonía móvil. Con cobertura para las unidades penales ubicadas en el sector de Avenida Pedro Montt y Nueva Centenario, en Santiago.
El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo aseguró que la tecnología que se implementará será moderna, aunque esto no evitará que sigan ingresando objetos prohibidos.
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Frente a la posibilidad de una crisis, debido a que si bien son muchos los reos que usan los teléfonos para controlar bandas delictuales desde el interior de las cárceles, también existe un grupo que usa estos aparatos para seguir en comunicación con su familia. Por ende, la situación podría generar estrés en la población penal.
Combatir el crimen organizado
Sin embargo, para el exdirector de Gendarmería, Christian Alveal, la inhibición de señal es indispensable a la hora de combatir el crimen organizado.
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En esa línea, Alveal explicó que esto además minimiza la posibilidad de reincidencia delictiva y para eso, la cárcel no puede ser una segunda casa para los delincuentes.
Para el exdirector de Gendarmería, Claudio Martínez, la inhibición de señal de teléfonos no es una medida que quite el problema de fondo.
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La implementación de los inhibidores de señal, según afirmó el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, es parte del fortalecimiento de la política de seguridad penitenciaria. En la que se han aplicado medidas como los allanamientos masivos, constantes, permanentes, por una fuerza externa, que es la Unidad de Servicios Especializados de la Gendarmería de Chile.
A esto, se suma el paulatino aumento de escáneres corporales para tener el control de ingreso de elementos que estén prohibidos.