Al igual que todos los años, los jueces realizan visitas a diferentes recintos penales, a los que ellos envían a imputados que quedan bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Esto porque a pesar de que dichas personas han quedado privadas de libertad, solamente ese derecho han perdido -el de libre tránsito- y no otras garantías fundamentales. En la visita más reciente en el penal concesionado Santiago I, el magistrado Fernando Guzmán denunció las condiciones deplorables de enajenados mentales y junto con esto dio cuenta del panorama de hacinamiento de esta cárcel que es un “modelo” y en la cual conviven reos a los que aún les asiste la presunción de inocencia y que habitan a un recinto con 25% de hacinamiento.

Una de las situaciones que quedaron plasmadas en el acta del titular del Primer Juzgado de Garantía de Santiago es la cantidad de imputados que había en el momento en el que realizó su visita hace algunos días en la cárcel, cuya licitación termina este año.

“Se nos informó que al día de hoy se encuentran privados de libertad 4.859 hombres en el recinto penal, no obstante que su diseño original contemplaba la capacidad solo para 2.568 internos, y con la posterior densificación para 4.000 personas (simple habilitación de más literas en el mismo espacio construido). En consecuencia, y a pesar de todas las medidas adoptadas para redistribuir a la población penal entre los distintos establecimientos a lo largo del país, hay al menos un 25% de hacinamiento, y pagándose una multa cuantiosa a la concesionaria por sobrepoblamiento”, se puede leer en el acta al que el diario La Tercera tuvo acceso.

Foráneos

En medio de la crisis de seguridad vivida por Chile, en que se ha puesto en el centro de la agenda el control de la migración ilegal, el documento registra la cantidad de extranjeros que hay en el recinto. “Del total de personas privadas de libertad, 1.281 son extranjeras, lo que constituye más del 26% de la población penal, 443 de los cuales son colombianos y 437 provenientes de Venezuela, siendo las otras nacionalidades de mucho menor incidencia”, afirma el juez Guzmán.

Además, Guzmán reitera una preocupación que ya había plasmado en visitas anteriores, en las que constató que hay reos extranjeros mezclados con primerizos que los extorsionan a cambio de no golpearlos o incluso quitarles la vida. “Existe un grave problema con respecto a la clasificación y posterior criterio de segregación de los extranjeros, pues los actualmente en prisión preventiva en este recinto son considerados de bajo compromiso delictual (no se tiene registro de sus antecedentes penales en el país de origen), no obstante la naturaleza de los delitos atribuidos y el hecho que en dichos módulos están organizados en bandas que extorsionan a los demás imputados y manejan el comercio ilegal de drogas, armas, teléfonos móviles, alcohol y alimentos”, se puede leer en el libelo.

Uno de los puntos más graves constatados durante la visita carcelaria es que esa semana había fallecido un interno de nacionalidad ecuatoriana. “En efecto, fue encontrado por personal de Gendarmería de Chile, aproximadamente a las 05:25 horas del día 27 de febrero del año en curso, ahorcado en el sector de duchas de la celda N° 10 del Módulo 88, lugar habitado por otros 9 internos. Dados los signos físicos, se presume la muerte por participación de terceros con arma blanca”, se lee en el registro.

Otros puntos revisados por Guzmán fueron:

“VII Módulo 01

El sector de alta seguridad, en la que se encuentra la población penal de riesgo (PPR), los líderes de las bandas delictuales más peligrosas detectadas. Actualmente, tiene 72 internos.

VIII Módulo 14

Un imputado dijo que debía pedir a sus familiares que hicieran una transferencia electrónica de $350.000 mensuales, para permanecer en dicho módulo. Él fue golpeado.

IX Módulo 31

El sector es ocupado por los imputados chilenos más peligrosos que no tienen espacio en el Módulo 01.

X Módulo 37

Donde están los imputados por delitos sexuales. En este último punto Guzmán relata que “se recibe testimonio de imputado que es actualmente extorsionado por líderes de organización criminal. Debe pagar $15.000 semanales (en efectivo entregados por familiares en visitas), bajo apercibimiento de recibir apuñaladas. Se recoge versión de imputado que en los dormitorios de las piezas 16 y 25 operan las “pulperías” (lugares de venta) de comida, armas, droga y alcohol, que provienen fundamentalmente de pelotazos arrojados desde el exterior del recinto, especialmente en la noche y que son recogidos con “cañas de pesca” desde los dormitorios”.

El documento sigue describiendo los hallazgos:

“XI Módulo 38

Se informa que a lo largo de un solo mes personal de Gendarmería incautó más de 7 kilos de droga de distinta naturaleza, solamente en este módulo.

XII Módulo 88

“Es el módulo que los internos llaman “de castigo” Al tribunal le consta el riesgo existente para la vida e integridad física de aquellos que permanecen allí. Están allí también aquellos imputados que son expulsados por los imputados de otros módulos. Se observa a un imputado con una lesión en uno de sus párpados, el que manifiesta que fue recientemente golpeado en otro módulo (manifiesta que lo confundieron con otro imputado). Se le identifica y se solicita que se le atienda por un médico”.

Ausencia de gobernanza penitenciaria

Fernando Guzmán también hizo varias recomendaciones para el alcalde de dicho penal. Algunas de ellas tienen que ver con “tal como se ha registrado en anteriores visitas carcelarias, los escasos recursos -logísticos y de personal- con que cuenta Gendarmería de Chile hacen prácticamente imposible cumplir en forma adecuada las múltiples funciones que le asigna la ley. A pesar de la buena voluntad de sus autoridades, hay un reconocimiento explícito que el nivel de corrupción interna, la alta rotación de las jefaturas y las presiones indebidas de los sindicatos u organizaciones gremiales dificultan adicionalmente la gobernanza penitenciaria”.

Asimismo plantea que “el problema es que dicho vacío de poder -ausencia de Estado- detectado al interior de los recintos penitenciarios, replicado en algunos espacios de nuestro territorio nacional, situación agravada a partir de los acontecimientos de octubre de 2019 y la excesiva extensión de las medidas de aislamiento adoptadas por la pandemia en el año 2020, ha entregado amplios espacios para que se organicen y operen las bandas delictuales dentro de las cárceles de nuestro país, ya no con efectos y consecuencias exclusivamente dentro de los establecimientos penales sino de profundo y arraigado alcance extramuros, lo que los hace cada día más difícil de enfrentar y desterrar”.