María Leonarda Villalobos presentó una querella contra Ariel, Daniel y Alberto Sauer, y también contra de Rodrigo Topelberg, acusándolos de delitos de estafa, asociación ilícita, usurpación de identidad y falsificación informática.

Nombres que se hicieron conocidos por el Caso Audios, luego de que se filtrará el polémico audio donde se escuchaba a tres personas, Villalobos, Daniel Sauer y el abogado Luis Hermosilla. En él, hablaban sobre facturas de Factop y los presuntos sobornos al interior del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero.

Dicha acción judicial fue interpuesta el 15 de febrero y el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago la acogió, por lo que los antecedentes fueron derivados al Ministerio Público.

Según el documento, “la familia Sauer generó una relación con doña María Leonarda Villalobos, que partió de forma usual con la solicitud de una asesoría, y comenzó a adquirir características personales, cuando fue involucrando el conocimiento mutuo de las familias. En particular la figura del patriarca de la familia, don Alberto Sauer, asumió un rol bastante paternalista con mi representada, argumentando una antigua relación de amistad con el padre fallecido de la misma, por lo que comenzó a convertirse en una figura de respeto y referencia para la querellante”.

Fue en 2017, que estos se conocieron, y según indica el escrito, una de las primeras situaciones que vieron fue un proceso sancionatorio por parte del SII contra Daniel Sauer.

Villalobos se querella

El texto apunta que “se fijaron las gestiones y reportes periódicos que se debían ejecutar, así como la información que se debía proporcionar. Esto no fue óbice para dentro de las primeras gestiones efectuadas, y actuando en calidad de agente oficioso ante el SII, requiriendo información pública, mi representada y su equipo, se encuentran con la sorpresa de que en el caso de la casa y los giros del SII existía otro abogado que ya tenía encomendadas estas gestiones por parte de don Daniel Sauer, quien señala que la relación profesional con dicho abogado había terminado y que, por tanto, se seguiría la estrategia y acciones acordadas con ella, aun cuando mi clienta le hace presente que las presentaciones previamente estaban en proceso de ser resueltas”.

Y agrega: “Es producto de esta información recabada en el propio SII que mi mandante se encuentra con la resolución de una de las peticiones administrativas efectuadas anteriormente, la cual había sido rechazada por no acompañar los antecedentes fundantes de dicha presentación (énfasis agregado), por lo cual mi representada decide junto con su equipo de trabajo presentar una nueva petición administrativa, pero argumentando desde otra perspectiva, basando su defensa en que la situación no ameritaba la aplicación de dichos giros, porque entre otros elementos sus bases se fundaban en hechos prescritos. Esta revisión, denominada técnicamente RAF, finalmente fue resuelta en favor del Sr. Sauer A., dejando sin efecto los giros reclamados, mediante una resolución fundada del SII”.

Desde ahí habría marchado todo normal hasta 2022, cuando “los querellados comenzaron -con el absoluto desconocimiento de mi clienta- a emitir facturas a la consultora de mi representada (Steuern SpA), por servicios que nunca se prestaron, y también facturas a mi propia cliente como persona natural, hasta el momento en que su contador le comunica a finales del año 2021 de la existencia de un conjunto de documentos tributarios (facturas) que no decían relación alguna con las actividades de su empresa y que por tanto ‘no cuadraban’ dentro de la contabilidad de la misma”.

Una vez comenzó el 2023, se lee en la querella, “los hechos se precipitarían, ya que cuando mi clienta analizaba la mejor forma de solucionar este conflicto y distanciarse de una situación considerablemente anómala, sobrevendría el problema de STF ante la CMF (marzo 2023)” y con ello un vertiginoso encadenamiento de sucesos que culminan con la grabación de un audio y su posterior mal intencionada difusión”.

“Facturas ideológicamente falsas”

Aquí es cuando aparece el abogado Luis Hermosilla, con quien se reunieron por primera vez el 23 de marzo. Allí, “le comentan que el gran problema que tiene la corredora es que debe aumentar al menos su capital en $4 mil millones, no teniendo problema en hacerlo, pues Daniel ya había conversado con Ariel y Rodrigo, y que cuentan con dicho capital para enterar rápidamente, por tanto estaban los socios mayoritarios de acuerdo en hacerlo”.

“Mi clienta extrajo información de distintas fuentes abiertas y públicas, revisa RUT y empresas a las cuales se facturaba y se entregaba financiamiento, siendo grande su sorpresa al encontrarse con un número relevante de compañías que para ella eran desconocidas y que figuraban en un Excel
‘contable’”, continua la acción judicial.

Frente a ello, la querellante habría descubierto un “notorio indicio de la existencia de un esquema de elaboración, emisión y recepción de facturas ideológicamente falsas”. Lo que detonó su salida del holding, el 22 de junio del mismo año.

“La familia Sauer abusó de la credulidad, lealtad y confianza de parte mi representada y de otros más, al aportar o invertir dinero en una empresa que terminó siendo una máquina defraudatoria; y los Topelberg Speisky abusaron de manera consciente y premeditada de su credulidad al decirle a mi representada que nada sabían de lo que ocurría, y que guardarían la reserva de su información”, asegura el texto.