Al llegar marzo de 2020, Carabineros implementó una nueva técnica para detener a los "primera línea" en Plaza Baquedano, atrapando a 28 sujetos que realizaban desórdenes. En un principio quedaron libres, pero luego se determinó su prisión preventiva.
Tras ello, 13 fueron recapturados, pero salieron rápidamente libres luego que el polémico juez Daniel Urrutia se autoasignara la causa y los enviara a sus hogares.
Una nueva actuación del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, se encuentra en entredicho. Esto ya que se reveló que autorizó la realización de videollamadas de miembros del Tren de Aragua presos en la Cárcel de Alta Seguridad.
Sin embargo, no se trata de su primera polémica. Conocido es su apoyo al estallido social del 18 de octubre de 2019 y también a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
De hecho, hay una foto de él tapándose un ojo, en apoyo a quienes perdieron globos oculares en medio de la represión.
Fue en marzo de 2020, cuando la pandemia de la covid-19 estaba llegando al país, que el juez Urrutia saltó a la polémica por liberar a integrantes de la “Primera Línea”.
Todo se remonta al 4 de marzo, día en que Carabineros realizó una nueva estrategia policial en los alrededores de la Plaza Baquedano, para contener los incidentes que se reavivaban tras el fin de las vacaciones de verano.
Ese día, hubo 62 detenidos, pero solo 28 fueron formalizados por el delito de desórdenes públicos. De ellos, 27 quedaron libres y el otro podría evadir dicha medida si pagaba una caución de $250 mil.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones revocó la decisión y decidió enviarlos a todos a prisión preventiva.
Con el correr de los días, 13 de ellos fueron recapturados y enviados a la cárcel, pero el 25 de marzo volvieron a la libertad: el juez Urrutia se autoasignó la revisión de cautelares y determinó enviarlos a sus casas por el aumento de casos de covid-19.
La Corte de Apelaciones dejó sin efecto la decisión de Urrutia y determinó que los 13 liberados volvieran a la cárcel. Además, ordenó un sumario administrativo en contra de Urrutia, quien durante un tiempo terminó realizando labores en un Juzgado de Cobranzas.
Por todo esto, el juez presentó una querella por prevaricación contra los ministros del tribunal de alzada, la que finalmente fue declarada inadmisible. Pero, otra acción legal del abogado Fernando Leal sí avanzó, pero todos los acusados fueron sobreseídos.
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