La Fiscalía Oriente debe ingresar esta semana el recurso de apelación que presentarán ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa por corrupción contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.
Esto para revocar el arresto domiciliario total decretado por el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, y conseguir su prisión preventiva.
Este martes es el último día que tiene como plazo la Fiscalía para ingresar el recurso que busca cambiar la medida cautelar con la que quedó la imputada de los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.
El pasado jueves, Barriga quedó con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados y testigos del caso.
La exalcaldesa cercana a la UDI se encuentra cumpliendo el arresto en su vivienda de Peñaflor, provincia de Talagante. A través de Instagram, dejó ver como “disfrutaba” de la cautelar, acostada junto a uno de sus hijos.
Recordemos que su defensa esgrimió, para solicitar el arresto domiciliario total, que es cuidadora de uno de ellos por un problema de salud.
Diferentes opiniones sobre lo que podría pasar con Barriga
Lo decretado por la justicia fue totalmente distinto a lo solicitado por el Ministerio Público, que pedía prisión preventiva para la exautoridad local y otros dos imputados de su círculo de confianza durante su administración.
La fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, lamentó que el juez del Noveno Juzgado de Garantía, Hugo Salgado, no coincidiera con los argumentos entregados por la Fiscalía para la prisión preventiva.
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El expersecutor de Alta Complejidad, José Antonio Villalobos, sostuvo que es probable que la Corte de Apelaciones de Santiago revoque la cautelar decretada por el tribunal de garantía.
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El exfiscal Ricardo Freire consideró razonable el criterio utilizado por el magistrado del caso Cathy Barriga.
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Dentro del eventual fraude al fisco de casi $31 mil millones, se comenzó a indagar al esposo de Barriga, el diputado UDI Joaquín Lavín León.
Esto por documentos y correos electrónicos que lo vincularían con sanciones administrativas, contrataciones y desvinculaciones ocurridas durante la administración de su pareja.