Una serie de críticas ha recibido la gestión del Gobierno ante el manejo de la crisis de seguridad que se vive en el país, y en especial en la región Metropolitana. Todo esto en medio de peticiones para decretar Estado de Excepción.
La situación se genera ante la creciente cantidad de personas asesinadas en contextos vinculados al crimen organizado, entre ellas, niños y personas inocentes.
Homicidios al alza en nuestro país y un denominador común, el uso de armas por parte de delincuentes que no tienen reparo en utilizarlas y disparar, hiriendo en más de una oportunidad a inocentes.
Ese fue el caso de Agustina, niña de 10 años, asesinada en Maipú el sábado 13 de enero, tras recibir un disparo por parte de desconocidos que confundieron el auto de su padre con el de integrantes de una banda rival.
Otro fue el caso de Daniel, un hombre de 55 años que recibió un tiro en su cabeza la noche del pasado sábado, cuando intentó mediar en una discusión entre vecinos.
La delegada presidencial de la región Metropolitana, Constanza Martínez, defendió la gestión del Gobierno argumentando que los homicidios vienen al alza desde hace más de 10 años y que el plan Calles Sin Violencia ha logrado desarticular bandas gracias al trabajo de la inteligencia policial.
Además, señaló que es necesario adoptar una estrategia común para abordar esta crisis e indicó que, ante las consultas de un eventual Estado de Excepción, declaró que “el Gobierno no se cierra a ninguna posibilidad”.
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“Pandemia de homicidios”
Claudio Orrego, gobernador de Santiago, ha sido crítico de las políticas gubernamentales, calificando la situación como “una pandemia de homicidios”. Agregó que falta un giro de timón.
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El diputado PPD, Raúl Soto, aseguró que, si bien las medidas del Ejecutivo son las correctas, se requiere de otras excepcionales.
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El diputado UDI, Henry Leal, catalogó la situación actual como un fracaso absoluto de las medidas del Gobierno. Agregó que debe existir una fuerza armada de Carabineros de élite para reducir las bandas criminales.
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Las críticas a la gestión en materia de seguridad se ven reflejadas en la caída de 8 puntos en la aprobación de la ministra del Interior, Carolina Tohá, en la encuesta Plaza Pública de Cadem.