Este jueves, profesores y funcionarios de establecimientos públicos de Ñuñoa, dependientes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, fueron desvinculados de sus trabajos.

Lo que se trataría de “un despido masivo de funcionarios con contrato a plazo fijo de trabajadores de los colegios municipales de Ñuñoa”, apuntaron los funcionarios del Liceo Jose Toribio Medina de Ñuñoa, a través de un comunicado.

Y es que según el levantamiento de datos que realizaron, fueron al menos 200 trabajadores de la educación, docentes y no docentes, a quienes no les renovaron sus contratos, “sin motivos relacionados con su desempeño laboral, algo inédito en los colegios municipales de Ñuñoa”

Una situación que, según consignó La Tercera, se repitió en otros establecimientosmunicipales de la comuna. Como en los colegios, República de Siria, Helen Keller, el Liceo Carmela Silva Donoso o el Internado Femenino.

Despido masivo

Desde el Liceo Carmela Silva Donoso, los trabajadores también demostraron su desacuerdo con la situación. “Con mucha tristeza, el día de hoy (jueves) fuimos notificados que a 94 funcionarios del colegio no se les renovará contrato para el período 2024; dentro de ellos 68 profesores, lo que equivale al 72% de la planta docente, y 23 funcionarios, entre los cuales se encuentran asistentes de aseo, asistentes de la educación, y del equipo de gestión”, comunicaron.

Y revelaron que “el martes 2 de enero nuestra directora espera poder reunirse con la directora de Educación de la CMDS, señora Denisse Chomali, quien actualmente se encuentra con permiso administrativo, para intentar revertir esta situación”.

La presidenta del Sindicato de Trabajadores y Asistentes de la Educación de Ñuñoa, Marcela Núñez, manifestó en nombre del directorio, el “total rechazo y desaprobación ante el actuar de la corporación municipal, porque no se renovó contrato a personas cuyos cargos son necesarios por decreto, por ejemplo, profesionales asistentes de los programas de integración escolar; se reubicó a asistentes dentro de un mismo establecimiento, dejando funciones sin nadie a cargo”.

Agregando que “sabemos que en marzo serán cubiertos los roles vacantes, por lo que sospechamos que esta sea una mala práctica, evitando dar estabilidad y antigüedad laboral, aumentando los factores de riesgo psicosocial tanto de quienes no seguirán trabajando como de quienes sí permanecen, por el aumento de la incertidumbre”.

Decisión no pasó por el concejo municipal

Al respecto, el concejal Julio Martínez (UDI) apuntó a que dicha decisión no pasó por el concejo. “Hasta cierto punto la gente se puede sorprender porque estas decisiones no pasan por el concejo, son decisiones de la corporación y este tema tengo que enfocarlo en el sentido de la legalidad y aquí hay un empleador haciendo uso de sus facultades. Ahora, que sea injusto o no, ya es otra cosa”, señaló al medio citado.

“Si despiden a siete de diez personas necesarias para que el establecimiento funcione, habrá que contratar a siete. El tema se verá en marzo, cuando se vean las plantas de profesores si estarán completas o no”, explicó.

Al mismo tiempo, Martínez aseguró que dicha situación en el Augusto D’Halmar, “no es más que completar la maniobra que comenzó con la desvinculación del director Andrade: quedaron muchos profesores que durante este año han tenido roces, esos que venían de hace años trabajando. Traerán gente que baile al ritmo de ellos y que no les dé problemas. Lamentablemente, no hay nada ilegal ahí”.

Recordemos que en marzo este 2023, el director del dicho liceo fue destituido tras haber pasado por un sumario administrativo referente a su cargo en los últimos años.

”Bastante graves”

Por otro lado, el concejal Camilo Brodsky, (independiente por Chile Digno, Verde y Soberano), calificó los despidos como “bastante graves”. “Hasta no tener claridad de las motivaciones de estas decisiones tomadas por la corporación, me cuesta entenderlo y al menos en mi caso entrego toda la solidaridad a aquellas trabajadoras y trabajadores de la educación que puedan estar siendo desvinculados sin una justificación de peso y no solo bajo el amparo de la legalidad del término de contrato”, indicó.

Y concluyó que “previsiblemente, pueden traer como consecuencia debilitamiento de las comunidades escolares y desmantelamiento de equipos, lo que es complejo, más en un cuadro comunal que ha presentado no poco oleaje en materia educacional, sea este justificado o no”.