El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a la declaración de ilegalidad de la Contraloría de 29 convenios suscritos entre el Estado y fundaciones, por $13 mil millones.
En conversación con el programa Mesa Central de Canal 13, Cordero indicó que “tenemos un problema estructural”, en línea con lo expresado este sábado por el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien atribuyó la crisis a “un mal sistema”.
Dicho “problema estructural”, asegura que “ha sido revelado por el Caso Convenios”.
“Lo primero es que tenemos un abuso del clasificador presupuestario. La mayoría de estos convenios, si no todos, están hechos con transferencias de capital”. Esto, según dice, “genera varias consecuencias: la primera, que es la regla general, es que no se exijan boletas de garantía por la naturaleza de esas transferencias”.
Además, señaló que “esto tiene otro incentivo, y es que usted una vez que realiza las transferencias, para el Estado, para quien realizó la transferencia, la ejecución presupuestaria se entiende agotada, por lo tanto, el incentivo a realizar transferencias para poder cumplir con la ejecución presupuestaria es extremadamente alto”.
Cordero sobre Catalina Pérez: “No hay antecedentes de participación activa”
Por otro lado, el ministro Cordero indicó que existen “casos que derechamente tienen que ser calificados como actos de corrupción”. Uno de ellos, detalló, es el de la Fundación Democracia Viva.
“Usted puede entender corrupción como la infracción a la ley, o la comisión de delitos. Pero hay una segunda acepción, que es la que en principio nosotros debiéramos compartir, que es el ejercicio abusivo de la posición de autoridad para obtener un beneficio privado, aunque no sea constitutivo de delito”, aseguró.
“En esa segunda dimensión, uno debe entender que estamos” frente a “casos de corrupción”, donde “Democracia Viva es un ejemplo”, por “la suscripción de un acuerdo con conflicto de interés”.
Al respecto, señaló que la responsabilidad es de los particulares que suscribieron el convenio y afirmó que la diputada Catalina Pérez no estaría relacionada con dicho acuerdo. “No hay antecedentes que den cuenta de participación activa de ella”, sentenció.