Un nuevo flanco se sumó para Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, a la inminente formalización por cohecho en la causa iniciada de oficio por la Fiscalía Centro Norte por presuntas donaciones pedidas a un proveedor de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).
El día 6 de julio, de manera reservada, un equipo de la Contraloría General de la República se constituyó en la Municipalidad de Recoleta. El objetivo fue notificar personalmente al jefe comunal de la formulación de cargos en su contra, por el sumario abierto después de detectarse -en noviembre del año pasado- faltas al principio de probidad que habrían sido cometidas por él en su rol de presidente del organismo y, también de su círculo de hierro.
La información es del diario La Tercera y, de acuerdo con el medio, en el papel entregado a Jadue está el análisis de pesquisas elaboradas durante ocho meses por analistas del ente fiscalizador que es liderado por Jorge Bermúdez y que constataron varias irregularidades cometidas por el alcalde en relación a la gestión y administración de Achifarp.
Uno de los cargos dice relación con la celebración de convenios ilegales entre los municipios de Recoleta y Pallaco, además del Servicio Nacional de la Discapacidad, con el organismo que provee de medicamentos a bajo costo. De acuerdo con la fiscalización, estos acuerdos irregulares involucran $613 millones de recursos fiscales y en ellos las autoridades eludieron la Ley Nº 19.886 sobre bases de contratos administrativos del Estado chileno.
Otro de los cargos es respecto a la nula existencia de rendiciones de cuentas de los recursos municipales traspasados a Achifarp y desórdenes en la documentación que sustenta los supuestos gastos rendidos por el organismo. De hecho, en la auditoría Contraloría advirtió que no había respaldo financiero y que la Asociación “no puso a disposición los antecedentes relativos a procedimientos establecidos para la adquisición de medicamentos, canalización y análisis de los requerimientos de las municipalidades asociadas”, según consignó La Tercera.
Falta de control y fiscalización de directores
Otro reproche de Contraloría a Daniel Jadue y sus colaboradores es la ausencia de fiscalización de directores de control respecto al uso y destino de los recursos fiscales que habrían sido traspasados a Achifarp. En noviembre, el ente envió estos antecedentes al Ministerio Público y el CDE. En el detalle del expediente se sostenía que la asociación tampoco entregó para la auditoría información de sus estatutos, ni las actas de directorio, de las asambleas generales, tampoco directrices formales que regulen los procesos de cuotas de incorporación y anuales que pagaban los municipios asociados.
El informe final de Contraloría (N° 909/2021) también señaló irregularidades en el contrato que fue firmado por Achifarp con la Universidad de Concepción para la fabricación del medicamento Interferón que, supuestamente, servía para enfrentar al COVID-19. La Asociación solamente transfirió $25 millones de los $245 millones que había comprometido.
De acuerdo con lo constatado por el diario, en la formulación de cargos a Jadue, se levantaron tres reproches por la suscripción y aprobación de convenios irregulares que eluden la ley y falta de control. Además, se levantó dos cargos a su administradora municipal, Gianinna Repetti Lara, quien obra en algunas circunstancias como alcaldesa subrogarte, por los mismos motivos que su jefe.
A Patricio González Orellana, director de control de Recoleta, se le imputó eludir la ley que regula los contratos con el Estado y la falta de fiscalización del uso y destino de los recursos traspasados a Achifarp. Situación es semejante, fue formulada en contra de la directora jurídica.
La resolución también reprocha a los alcaldes de Macul, Gonzalo Montoya, y Pallaco, Miguel Ángel Carrasco. Montoya por el pago de una cuota extra para Achifarp sin haber exigido rendición de cuentas de los recursos traspasados.
Imputación por cohecho
Una vez estén los descargos de Daniel Jadue y sus estrechos colaboradores, la Controlaría podría proponer sanciones a los funcionarios de menor jerarquía que el jefe de la comuna de Recoleta. El destino de su gestión recae en el concejo municipal. Si al finalizar el sumario se acredita las graves infracciones a la probidad que se han detectado, los ediles podrán llevar el caso para el Tribunal Electoral Regional (TER), solicitando su destitución.
Otra situación complicada en el momento para Jadue es la amputación que levantará la Fiscalía Centro Norte en su contra por cohecho. El caso está relacionado con su rol en las farmacias populares. De acuerdo con La Tercera, la causa entró en etapa clave y la fiscal Giovanna Herrera alista el ingreso de una solicitud de formalización en contra de Jadue por el delito de cohecho.