La jornada de este viernes, la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) allanó los domicilios de los tres tasadores contratados por la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, para lo que terminó siendo la fallida compra de la exclínica Sierra Bella.
De acuerdo a lo informado por La Tercera, la orden respectiva fue emanada desde el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
En la comuna de San Bernardo, la policía civil ingresó al domicilio de la arquitecta María José Sepúlveda alrededor de las 06:30 horas, desde donde fueron incautados todos los dispositivos tecnológicos que allí se encontraban.
En específico, de acuerdo al citado medio, la PDI se llevó un iPhone, un iPad, un disco duro, un pendrive, dos notebooks, un macbook y una serie de documentos.
Asimismo, el mismo procedimiento se concretó en Providencia, comuna en la que reside la profesional Elsa Cárcamo Valencia.
Eso sí, el tercer tasador, correspondiente al arquitecto Patricio Gajardo Rocha, no se encontraba en su domicilio de la comuna de San Joaquín al momento del arribo de la Policía de Investigaciones, debido a que se encontraba de viaje en Talca.
Pese a lo anterior, se incautaron dos celulares, un pendrive, un disco duro externo y documentos.
A su vez, Gajardo Rocha coordinó la entrega voluntaria de su celular y computador en dependencias de la Brigada de Delitos Económicos de la capital regional de Maule.
El objetivo del allanamiento a domicilios de tasadores de exclínica Sierra Bella
El allanamiento tuvo como objetivo establecer una presunta relación entre los tres tasadores de la exclínica Sierra Bella, esto tomando en cuenta que llegaron -cada uno por su cuenta- a un monto de tasación similar que superó los ocho mil millones de pesos.
En el caso de Sepúlveda, su tasación de la exclinica fue de $8.304.902.356 (el más alto de los tres), mientras que Gajardo Rocha cifró el inmueble en $8.257.244.342. En el caso de Elsa Cárcamo Valencia, tasó el lugar en $8.207.718.078.
Cabe recordar que la Municipalidad de Santiago iba a comprar la propiedad por $8.200 millones.
Sin embargo, la Contraloría reaccionó ante un requerimiento de concejales y detuvo dicha transacción acusando un exceso en el valor pagado. Por ello, el municipio liderado por Irací Hassler (PC) dio por cancelada la operación.
Esto también derivó en una causa penal que sigue la Fiscalía Centro Norte, para indagar posibles responsabilidades penales en esta situación.