Representantes de Amnistía Internacional y abogados de la familia de Moisés Órdenes manifestaron su inquietud ante la eventual decisión de la Fiscalía Metropolitana Oriente de no perseverar en la investigación de 7 de los 13 carabineros imputados por los delitos de apremio ilegítimo.
Los querellantes sostienen que existen pruebas de que este grupo de uniformados participaron en un ataque violento en contra de Órdenes el 21 de octubre de 2019, en el contexto del estallido social; y que dejaron a la víctima con fractura de costillas, pérdida de piezas dentales y daños oculares graves, entre otras lesiones. Asimismo, exponen que todo lo captó un canal de televisión en vivo.
Además, advirtieron que hay pruebas de que los siete imputados participaron del delito de obstrucción en la investigación y falsedad de documento público.
En particular, solicitaron una reunión con el Ministerio Público previo a que se realice la audiencia de los siete formalizados -programada para el 24 de febrero- con el fin de exhibir las pruebas y retomar la investigación.
Cristián Cruz, abogado de Órdenes, sostuvo que no se puede cerrar el caos mientras haya diligencias pendientes.
“Nos oponemos obviamente porque hay diligencias pendientes, solicitadas hace mucho tiempo; y que, obviamente, propenden a intensificar la investigación, a objeto de garantizar una adecuada persecución y sanción a los responsables”, dijo el jurista.
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Amnistía Internacional advierte que habría evidencias de que es un caso de “tortura colectiva”
El director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos (foto de portada), advirtió que hay evidencias de que se trató de un caso de “tortura colectiva” contra Mario Órdenes.
“El Estado de Chile tiene que proteger la protesta y tiene que investigar y sancionar cualquier acto de tortura que se cometa en nuestro país, como los actos de tortura colectiva que se cometieron contra Moisés Órdenes”, sostuvo.
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En la Fiscalía Metropolitana Oriente señalaron que van a acoger la solicitud de la defensa.
De todas formas, el fiscal regional subrogante, Felipe Acuña, insistió en que no hay pruebas para continuar con la investigación por 7 de los imputados; mientras que los otros seis tendrán un juicio oral por apremio ilegítimo con resultados de lesiones gravísimas.
“No existen pruebas respecto a la participación de las otras 7 personas en los hechos materia de la investigación. Esa es la razón por la cual se comunica la decisión de no perseverar. Existen pruebas, creemos, para imputar y llevar a juicio a 6 personas; en cambio, no existen pruebas para establecer la participación de las otras siete personas“, expuso el persecutor.
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De todas formas, en la Fiscalía aseguraron los querellantes tienen la facultad para acusar particularmente, por lo que en caso de tener pruebas pueden ser presentadas para solicitar al tribunal que quienes se garantice su participación puedan ser llevados a juicio.