El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó esta jornada una querella criminal por el delito de torturas en contra todos quienes resulten responsables, por el caso de una interna que dio a luz al interior del Centro Penitenciario Femenino (CPF) San Miguel la pasada Navidad.
En el escrito, ingresado al 11º Juzgado de Garantía de Santiago, se detalla cómo la mujer, de iniciales I.A.V.M, en su semana Nº 40 de gestación, solicitó ayuda al personal de Gendarmería de Chile a medida que su trabajo de parto avanzaba, pero esta fue denegada y dilatada hasta que la interna no pudo más de dolor y entró en etapa expulsiva.
La historia -según el libelo- tiene su punto de partida el día miércoles 21 de diciembre de 2022. Aquella jornada I.A.V.M. habría botado el tapón mucoso de gestación, pero “no dio aviso, ya que tenía hora de atención en enfermería del recinto penal el día jueves 22 de diciembre, lo cual no se realizó y solo fue atendida el día 23 de diciembre”.
Aquel viernes solicitó ser trasladada desde el módulo 2 -donde habita- a la sección cuna, a raíz de que “estaba próxima a iniciar trabajos de parto, programado originalmente para ese mismo día”, detalla la querella que tiene como base el relato de la interna. Pero su solicitud fue rechazada. Aquella noche “no durmió por los dolores”.
El sábado 24 de diciembre fue “asistida por sus compañeras de módulo y la cabo Navarrete quien la contuvo, solicitándole además a esta funcionaria que diera cuenta de su grave situación a enfermería”. No obstante, desde aquella unidad “señalaron que no la trasladarían a enfermería si no estaba perdiendo líquido o sangre”.
La noche de ese sábado y madrugada del domingo, ya en Navidad, los dolores se “intensificaron mucho más”. La acción legal recoge que la víctima señaló que “ya no solo no podía dormir, también le costaba caminar, haciéndose las contracciones insoportables a las 05:00 de la madrugada e ingresando a las duchas a las 06:00, hora en que se habilita el agua caliente”.
A las 07:00 de la mañana aparecieron “unas funcionarias de Gendarmería”, ya que la mujer y sus compañeras solicitaron que se diera aviso a la enfermería del recinto. “No obstante, nuevamente le denegaron el traslado a la enfermería y le señalaron que solo a las 08:30 podía ser enviada a dicha unidad, posterior al conteo diario de internas”, señala el documento.
I.A.V.M señaló que cuando llegó la funcionaria encargada del turno de día, la cabo Valenzuela, fue trasladada a enfermería con la ayuda de otras mujeres. Durante ese trayecto “arrastraba los pies y difícilmente podía caminar”. Al llegar al dispositivo de salud, la paramédico le ordenó que se sentara y luego la autorizó para ir al baño. Fue ahí donde “sintió una contracción muy fuerte, tanto que cayó al inodoro”.
Pese a lo anterior, la paramédico “le ordenó que se pusiera de pie y volviera a la sala de enfermería”. En el lugar le tomó la presión y le habría dicho: “No creo que tengas tanto dolor, tu presión está normal”. Acto seguido, ingresó la paramédico del turno nocturno, quien al ver su situación y la semana de gestación en la que se encontraba “señaló de inmediato que tenían que darle salida al Hospital para que se realizara el parto”.
Tras firmar la salida hacia el hospital, la paramédico del turno de día solicitó “en malos términos” que trasladaran a I.A.V.M. hasta una celda de tránsito conocida como “jaula”, la cual se encontraba sucia y oscura. En el lugar “gritaba con desesperación por el dolor que tenía”. “Ayúdenme, ayúdenme, tengo ganas de pujar”, señala la querella. De pronto aparece la encargada de la unidad penal y le señaló que “estaban esperando un móvil externo para su traslado”.
La interna gritaba, sostiene el libelo, “no dejen que mi hija nazca aquí”. Pues bien, el paso de las horas hizo lo suyo, “en ese instante, pudo ver la cabeza de su bebé por lo que una funcionaria gritó muy fuerte: ‘Una silla de ruedas rápido!!!’”. Camino hacia el exterior, avanzando por los pasillos del CPF San Miguel, en dirección al Hospital Barros Luco, nació la hija de I.A.V.M.
“Avanzaron por el pasillo contiguo a la sala de contención (“jaula”), hacia la sala de comida (‘sala de rancho’) y en dirección al estacionamiento, cuando de pronto desde la sala de rancho aparecieron una interna y una funcionaria, quienes le bajaron el buzo y recibieron a su bebé, le sobaron la espalda para que llorara y comenzaron a llamar a la paramédico para que cortara el cordón umbilical”, señala el texto. La hija nació en el trayecto desde la “jaula” al estacionamiento a las 09:15 de la mañana del 25 de diciembre.
Pese a que se pidió un móvil, este nunca llegó. Bajo este contexto, se tuvo que echar mano al auto de una teniente, particular, para efectuar el traslado al Hospital Barros Luco. En el recinto de salud, las “enfermeras de urgencia le sacaron el buzo y las zapatillas a la víctima, le cortaron el cordón umbilical y ordenaron que su hija fuera trasladada a primeras atenciones. Fue en ese momento además en que botó la placenta, casi 1 hora después del parto”, señala la acción legal.
A juicio del organismo, en el relato suceden “una serie de acciones y omisiones que desatendieron intencionadamente el deber de custodia y garantía de las funcionarias de la unidad penal, causándole un grave sufrimiento a la víctima, sin considerar su grave estado de salid y su condición de mujer en trabajos de parto, hechos que a juicio del INDH son constitutivos del delito de tortura”.