Una interna de la Cárcel de San Miguel tuvo a su hija en un pasillo del penal en medio de la celebración de la Navidad de 2022.

De acuerdo a datos a los cuales accedió Radio Bío Bío, falta de equipamiento técnico y de personal con conocimientos médicos se configuraron para que ocurriera este caso.

Fue así como la lactante nació camino al auto personal de una funcionaria, se intentó cortar su cordón umbilical con una pinza y su madre fue llevada al Hospital Barros Luco, donde botó la placenta.

Mientras Gendarmería ya inició un sumario administrativo para determinar responsabilidades, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) evalúan los antecedentes, lo que podría derivar en acciones legales.

La cronología del parto en la Cárcel de San Miguel

Para la Navidad la interna estaba con 40 semanas de gestación, en esos momentos ya había botado el tapón mucoso y manifestó tener dolor, por lo cual quería recibir atención.

En concreto, las contracciones comenzaron el viernes 23, pero se agudizaron el sábado 24 y el parto fue al día siguiente.

El sábado las contracciones eran cada diez minutos. Aquel día no durmió nada. Se levantó temprano y tomó una ducha buscando calmarse.

La mañana del domingo la interna pidió ser evaluada por la enfermería del lugar.

Según conoció el Comité de Prevención de la Tortura, la profesional del dispositivo, una TENS, le pidió que deje de hablar tan fuerte – a raíz de los dolores -, ya que le molestaba el ruido.

En el registro de Gendarmería fue a las 09:10 horas cuando pidió ser atendida.

Pese a esto, las falencias en la atención que recibió dejaron huella en su proceso.

Tuvo un desgarro, el cual se habría evitado con una buena atención durante el parto.

Además, le pusieron una pinza en el cordón umbilical mientras era trasladada. La misma con la cual – según detalló – la TENS que la atendió intentó cortarlo en más de una oportunidad.

A “la jaula”

Para recibir atención la mujer fue trasladada desde el segundo piso – donde se encuentra la enfermería – a una celda de contención en el primero, también llamada “jaula” en el lenguaje carcelario.

Aquel día no se encontraba el alcaide titular ni el subrogante, pero sí la jefa interna. Para desgracia de todos, en el momento del parto, no había vehículo disponible.

Fue la misma jefa interna quien ofreció su vehículo personal para el traslado de la mujer, que se encontraba fuera del penal.

En el intertanto, según conoció la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, la interna comenzó con los momentos finales del trabajo de parto. Estaba saliendo la cabeza del bebé, es decir, el momento “expulsivo”.

Fue precisamente en ese instante, mientras era trasladada al automóvil de la jefa interna, cuando dio a luz en los pasillos del recinto carcelario.

La acompañaban dos funcionarias. No aguantaba más, no quería sentarse. Estaba usando un pantalón holgado estilo buzo. Era su cuarto parto.

El Comité para la Prevención de la Tortura se constituyó ayer viernes en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel y se entrevistó con las internas con el fin de recabar la mayor cantidad de antecedentes sobre el caso.

Pese a ser una mujer en etapa de gestación avanzada, no se encontraba en las salas adecuadas.

En el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel hay 20 cupos para mujeres en situación de embarazo y en ese entonces se encontraban 19 puestos ocupados.

No fue considerado un embarazo de alto riesgo, por ende la cadena de errores en su atención derivó en que tuviera a su pequeña en los pasillos de la cárcel.

No solo Gendarmería está en la mira

En conversación con Bío Bío este sábado Luis Vial, integrante del Comité de Prevención de la Tortura, se refirió oficialmente al caso.

“Esta mujer lamentablemente da a luz en pésimas condiciones, en un lugar inadecuado, indigno, y aquí se revela una serie de fallas que tiene el Estado para garantizar el derecho a la salud”, lanzó.

“Estamos con un problema gravísimo de trato, de carencia de recursos humanos, materiales, de formación de personal de salud obstétrica en un centro que tiene la obligación de custodiar a mujeres privadas de libertad, personas”, zanjó.

“Hay ciertas obligaciones en términos de cuidado que no se cumplieron”, argumentó Vial.

No obstante, pidió no apuntar con el dedo solo a Gendarmería, ya que la falla fue del Estado en su conjunto.

“Aquí hay responsabilidades compartidas: Gendarmería no puede hacerse cargo sola del acceso a la salud de personas privadas de libertad”, indicó.

Por eso apuntó su mira hacia el Ministerio de Salud (Minsal), que a su juicio debería tener un rol “mucho más activo” a la hora de garantizar el derecho a la salud de reos, especialmente de sujetos de especial protección como mujeres y niños.

“Ninguna niña, niño, puede volver a nacer en el pasillo de una cárcel”, cerró Vial.

Tras conocer del caso, el Comité de Prevención de la Tortura derivó los antecedentes al INDH. No está en su labor activar acciones legales, sino más bien generar recomendaciones y colaborar con otras instituciones.

Esta mañana Beatriz Contreras, jefa regional metropolitana del INDH, confirmó que el lunes, “con toda la información a la vista, evaluaremos las acciones pertinentes que serán interpuestas”.

“Nuestros colegas del Comité para la Prevención de la Tortura se constituyeron en el centro penitenciario referido para levantar mayores antecedentes que están siendo compartidos con esta sede regional metropolitana”, confirmó.