El Instituto Nacional de Derecho Humanos (INDH) confirmó que está recabando antecedentes para evaluar las acciones legales que podrían interponer por el caso de una interna que dio a luz en el pasillo de la cárcel de San Miguel, en la región Metropolitana, durante la Navidad.

Durante la jornada, Radio Bío Bío dio a conocer la situación que vivió una interna, quien -a plena medianoche del 24 de diciembre- inició su trabajo de parto, pero al no estar las condiciones al interior de la cárcel, debido a falta de equipamiento técnico y de personal con conocimiento médico, una funcionaria del penal se ofreció a llevarla en su auto particular a un centro asistencial.

Fue de camino al vehículo de la mujer que la interna dio a luz en pleno pasillo del recinto penitenciario.

Desde el comité de la Prevención de la Tortura, uno de sus integrantes, Luis Vial, enfatizó en las precarias condiciones en las que se desarrolló el parto.

“Aquí se revela una serie de fallas que presenta el Estado para garantizar el acceso a la salud”, añadió Vial.

Una vez nacido el infante se cortó el cordón umbilical con una pinza y la madre fue trasladada a un centro médico para ser atendida.

Cabe destacar que esa noche solo se encontraba cumpliendo sus funciones un paramédico y no se habría dispuesto de un kit de emergencia en la prisión.

En esa línea, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, señaló que si bien esta es una área que le concierne a Gendarmería, como Ministerio deben estar atentos para que este tipo de situaciones no ocurran.

“Como Ministerio tenemos que revisar qué es lo que sucede y trata de ayudar para que exista una derivación más oportuna de las personas de manera que no ocurran estas situaciones”, explicó la titular del Minsal.

Evalúan acciones legales

Tras lo ocurrido se inició un sumario por parte de Gendarmería, mientras que desde el Instituto Nacional de los Derechos Humanos evalúan los antecedentes que podrían resultar en acciones legales, según señaló la jefa de la región Metropolitana del INDH, Beatriz Contreras.

Acciones legales que también evalúan desde la Defensoría Penal Pública, según indicó la defensora regional Metropolitana Sur, Loreto Flores, quien calificó de “inaceptable” lo ocurrido en la cárcel de San Miguel, aseverando que “tienen una profunda preocupación con el acceso a la salud por parte de las mujeres privadas de libertad”.

“Estamos evaluando diversas acciones legales a efecto de prevenir situaciones futuras de aquellas internas que actualmente se encuentran embarazadas, puesto que nos preocupa la situación que se ha vivido en la cárcel de San Miguel, puesto que no es nueva”, profundizó.

Desde el Comité de la Prevención y Tortura apuntaron a que Minsal y Gendarmería deben trabajar juntos para que “ninguna niña o niño vuelva a nacer en el pasillo de una cárcel”.