En el marco del plan de lucha contra el crimen organizado, Gendarmería anunció el traslado de 42 internos considerados “de alta peligrosidad” desde el Centro de Detención Preventiva Santiago 1, hacia distintos establecimientos penitenciarios del país.
Esto como respuesta a la visita extraordinaria del juez de Garantía, Fernando Guzmán, donde constató condiciones inhumanas, baja inversión en seguridad y extorsión entre reclusos. En esta última situación, los afectados serían imputados “primerizos”, es decir, aquellos que no tenían antecedentes penales.
En tanto, según el informe, la extorsión es realizada por extranjeros organizados.
El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, sostuvo que esta medida forma parte de un procedimiento a nivel nacional. Éste se enfocará en incautar elementos prohibidos, disminuir el hacinamiento de recintos penitenciarios y desarticular bandas de crimen organizado que ponen en peligro la seguridad interna y externa.
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Los 42 involucrados fueron denunciados por múltiples casos de extorsión hacia otros internos, a través de vejámenes, maltrato físico e inclusive efectuando llamadas a familiares de los afectados. Esto tenía como fin hacerse con dinero u otros bienes.
Así lo indicó el Director Nacional de Gendarmería, Sebastián Urra.
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La Subsecretaría de Justicia también confirmó que se llevarán a cabo investigaciones internas para evaluar, y eventualmente, sancionar la responsabilidad que pueda tener el personal interno de Gendarmería en estos hechos.