El juez del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, Fernando Guzmán Fuenzalida, realizó una visita no anunciada al Complejo Penitenciario Santiago 1, donde reportó condiciones sanitarias precarias, hacinamiento y con carencias de infraestructura.

De acuerdo a lo informado por el Poder Judicial, la visita se realizó el 21 de junio, donde Guzman informó que una “gran cantidad de personas privadas de libertad en espacios limitados, en condiciones sanitarias precarias”.

“Al ingresar los imputados al módulo no se les asigna un dormitorio, el que deben encontrar por su cuenta, no obstante la situación de hacinamiento.

No existe agua caliente. Cada cama debía ser compartida por tres o cuatro imputados”,

añade el magistrado.

En la misma línea, el juez sostiene que las cámaras de seguridad sólo muestran el patio, comedor y algunos pasillos, pero que no detectan lo que sucede en dormitorios y la zona de duchas.

Además, explica que visitó la zona donde están internos sin condenas anteriores, las que se encuentran sobrepobladas, incluso con un módulo diseñado para 84 imputados, pero donde habían 226 prisioneros, de los cuales el 60% son extranjeros.

“En el módulo 33 el funcionario (…) señaló tener capacidad para 84 imputados y que en dicho momento se encontraban 226 personas privadas de libertad, con el 60% siendo extranjeros; y en el módulo 34, 196 presos en circunstancias que tiene capacidad para 84 imputados. Se observa escaso personal para controlar el comportamiento de los internos, especialmente durante las noches”, explica Guzmán sobre Santiago 1.

Extorsiones en Santiago 1

En el lugar, el juez Guzmán se entrevistó con un imputado chileno que, en prisión preventiva, presentó un amparo ante el tribunal, por posibles extorsiones por parte de otros internos.

En la conversación “ratificó la presentación de su abogado defensor, agregando que permaneció ocho días en el módulo 14 de cuarentena, hasta el 20 de junio, alrededor del mediodía, siendo trasladado al módulo 34, donde estuvo hasta alrededor de las 21:30 horas”.

El imputado pernoctó en el módulo 34 en una habitación con dos colchonetas para 6 presos, con baños en mal estado y con mal olor, siendo maltratado también por personal de Gendarmería.

En este módulo, se encontró con muchos extranjeros, entre los cuales diez a quince dominicanos y/o colombianos lo recibieron con insultos, y trataron de obligarlo a que ingresara al sector de las duchas, logrando resistirse y arrancar del grupo, los que le quitaron una frazada y utensilios.

Como consecuencia de lo anterior, fue llevado a una celda de aislado con tres personas más. Luego fue trasladado al módulo 88, lugar en que indica haber sido nuevamente amenazado, pero por un grupo de chilenos.

Lo empujaron hasta el fondo del recinto, procediendo a sacarle sus ropas (lo dejaron en calzoncillos y toalla) para fotografiarlo, exigiéndole los números telefónicos de sus familiares para enviarles, vía WhatsApp, audios y fotos, y pedirles dinero a cambio de no agredirlo. Empezaron pidiendo entre $30.000 y $50.000 al día.

En su informe sobre Santiago 1, el juez del Primer Juzgado de Garantía de Santiago relató que al continuar con su recorrido “ingresó al módulo 88 -completamente saturado de imputados y en condiciones insalubres-, sorprendiendo infraganti a un grupo aproximado de diez internos que en un sector cercano al baño desvestían e inspeccionaban las vestimentas del imputado”.

“Mientras el suscrito ordenaba que fuera rescatado y llevado por personal de Gendarmería a una sala especial para interrogarlo privadamente, fue directamente amenazado de muerte por varios sujetos que se le acercaron. Por razones de seguridad no quiso entregar mayores antecedentes. Sin embargo, se ordenó que fuera trasladado al módulo 19 para ser llevado a audiencia de procedimiento abreviado al día siguiente”, indica el relato del juez.

“Hay reconocimiento que la extorsión de extranjeros organizados hacia los imputados primerizos chilenos es una realidad que se extendió durante este año, existiendo denuncias concretas con antecedentes verificables”, añadió Guzmán.

En síntesis, el magistrado concluyó que los problemas revelados en la visita son “el hacinamiento del recinto, escasez de personal, puntos ciegos de cámaras de seguridad al interior de los módulos del recinto carcelario, deficientes criterios de clasificación para segregar a los imputados extranjeros, no obstante la gravedad de los delitos y crímenes atribuidos, por desconocer los antecedentes de éstos en sus países de origen.”.